El fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, dispuso ayer la apertura de la investigación a María Elena Wapenka y para ello designó a los fiscales Galeano y Cabrera. Se tomaron como base denuncias realizadas a través de la prensa.
Según las publicaciones periodísticas, Wapenka habría cobrado viáticos por su participación en reuniones de trabajo en Itapúa, cuando en realidad, según los registros de Migraciones, estaba en el exterior.
Esta autoridad del TSJE supuestamente estuvo en Itapúa entre el 23 y 26 de marzo de 2015, para reunirse con funcionarios de la Justicia Electoral, disertar y exhortarles a cumplir con el compromiso de trabajar con honestidad y con base en valores éticos. Sin embargo, esto sería falso, atendiendo a que habría viajado al exterior.
Con las averiguaciones del Ministerio Público, lo que se pretende es fortalecer los indicios de la comisión de hechos punibles. Una vez que se reúnan los elementos, la fiscalía podría imputar a Wapenka así como lo hizo con Ramírez Zambonini, en el caso de pago a personas que en realidad no trabajaban (planilleros).
Por otro lado, está pendiente una denuncia que presentó la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presidida por Kattya González, contra los tres ministros, que señala que las tres autoridades electorales citadas cometieron lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en el cobro de viáticos irregulares.
Entre las ilicitudes supuestamente cometidas aparecen el fomento al planillerismo no solo en la sede central del TSJE, sino también en distintas filiales. Esto lo pudieron constatar periodistas de ABC Color en Sajonia, Santísima Trinidad y Luque, donde la mayoría de los funcionarios que figuran en la plantilla no asistían a su lugar de trabajo.
De los tres ministros, el único que fue imputado hasta ahora es Ramírez Zambonini, acusado de persuadir a funcionarios públicos a cometer hecho punible.
EL CASO DE BESTARD
A Bestard se le endilga haber impulsado un meteórico ascenso de Fredesvinda Barrios Gómez, quien de guardia de seguridad civil pasó a ser su “asesora”. En tres años, de G. 2.000.000 pasó a ganar G. 19.000.000. Sin embargo, hasta ahora la fiscalía no lo investigó por ese hecho.
Según fuentes, Bestard estaría usando todos sus contactos para evitar que se lo indague.
Por otro lado, no se descarta la investigación por lesión de confianza a los tres ministros del TSJE, por el despilfarro del dinero público que se sigue dando en la Justicia Electoral, en donde se sigue nombrando asesores a los legisladores, para evitar el juicio político.