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Recordemos que este alto funcionario pidió a una funcionaria contratar un guardia para hacer robar teléfonos celulares, con el objetivo de borrar supuestas pruebas.
La abogada Sara Radice solicitó el pasado martes a la Fiscalía iniciar una investigación. Sin embargo, hasta ayer de mañana no se había designado un representante del Ministerio Público para intervenir en el caso.
Radice mencionó que, según el Código Penal, la Fiscalía tiene seis horas para comunicar a un juez la apertura de una causa.
La profesional al hacer un seguimiento se enteró de que su pedido de investigación fue a parar a la oficina del fiscal general Javier Díaz Verón.
Otro hecho que llamó la atención es que la Itaipú se enteró antes que la denunciante del camino que tomó la nota presentada, pues la entidad, en un comunicado emitido el miércoles, mencionaba que la Fiscalía ya estaba en conocimiento del caso.