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Espinoza explicó que la denuncia presentada por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el 2 de agosto de este año, fue analizada por la directora de Delitos Económicos, Patricia Doria, quien no encontró indicios que ameriten la apertura de una causa.
Por este motivo, se resolvió remitir la denuncia a la Dirección de Contrataciones Públicas, para que esa dependencia, de forma administrativa, indague el proceso de licitación pública.
“El hecho punible contra el patrimonio exige un daño, algo que acá no aconteció porque la compra no se efectuó”, explicó Espinoza.
Según la denuncia penal presentada por la Coordinadora de Abogados, existían indicios de una sobrefacturación de 300% de costo en la Licitación Pública Nacional 1/2017, para la contratación de servicio de impresiones de boletines de voto a las empresas AGR SA y Servipres, de Eduardo Verón.
El gremio de abogados también presentó, en aquel momento, un escrito a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la suspensión “inmediata” de los pagos, algo que finalmente surtió efecto.
La Coordinadora de Abogados indicó en su escrito de denuncia que de concretarse la adquisición de los boletines de las proveedoras AGR SA y Servipres, se concretaría un perjuicio patrimonial de G. 8. 220.400.000.
La abogada Kattya González había precisado que antes de la denuncia se recabaron informes a la Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay en cuanto a los precios de mercado.
La Asociación había contestado que el costo de las papeletas impresas era G. 45 cada una y ya incluía fabricación y ganancia del 30%.
Sin embargo, la Justicia Electoral pretendía pagar nada menos que G. 275 por cada unidad de boletín de voto con la adjudicación por “lotes”.
De acuerdo a los cálculos, por 34.900.000 papeletas, el costo debe ser G. 1.726.100.000, pero la Justicia Electoral aceptó abonar nada menos que G. 9.946.500.000, con un perjuicio de G. 8.220.400.000.