Según la imputación fiscal y resolución judicial, el activista Cubas es responsable de daños a cosas de interés común, perturbación de la paz pública y resistencia, al pintar camionetas que supuestamente pertenecían al Ministerio público.

Para la imputación y prisión, la fiscala debió presentar documentos que avalen al Ministerio Público ser propietario de los rodados supuestamente dañados. En el expediente no está demostrado que Cubas causó daño al Estado y si el fiscal general alegó ser víctima porque su casa fue objeto de una pintata, tendría que promover una demanda civil como ciudadano particular ofendido o víctima de un daño, indicaron a su vez otros abogados del foro.

No existen elementos probatorios de que Cubas haya perpetrado daños o perjuicios contra bienes públicos o estatales, por lo que corresponde revocar el decreto de prisión y liberarlo inmediatemente, agregaron.