Prohibición de salir del país, fianza real de G. 600 millones, prohibición de contactar con los demás coprocesados y testigos, restricción de acercarse a la sede de la Comisión, son las medidas establecidas por el juzgado.
Miguel Ángel Ferreira, fiscalizador igualmente imputado por el caso también se presentó en tribunales, pero su audiencia se había postergado para el 19 de agosto, debido a que el día anterior se descompensó en la Fiscalía y su audiencia indagatoria se pospuso para el 17 de agosto.
La investigación, a cargo de las fiscalas Nadine Portillo y Yolanda Portillo, derivó en la imputación del exdirector de la Comisión Pilcomayo, Daniel Garay, por lesión de confianza.
Ferreira y Medina fueron imputados igualmente por el mismo delito, el primero en grado de autor y el segundo como cómplice.
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El Ministerio Público investiga una presunta “tragada” de más de US$ 4 millones, que derivó en el fracaso de las tareas de limpieza del río.
Según la Fiscalía, Garay firmó la factura de pago por G. 1.973 millones a favor del Consorcio La Dorada, representada por Antonio Ortellado Rolón, para la ejecución de los trabajos de limpieza del canal del río Pilcomayo. Fue en el marco de la licitación plurianual MOPC Nº 37/2014, del que luego se amplió a un monto total de G. 29.887.984.565, a través de cuatro convenios.
Las fiscalas alegan que no se realizaron los estudios técnicos indicados para el efecto y que el trabajo que realizó la empresa contratista ha sido empírica, “a ojímetro”, al decir del fiscal adjunto Federico Espinoza.