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El principal motivo es desidia, falta de capacidad o problemas políticos entre el ejecutivo y las juntas.
Indicaron además que estas verificaciones serán remitidas al Congreso en la fecha, ya que por ley, cada 30 de agosto, la Contraloría remite su informe al Poder Legislativo.
Romberg señaló que la conclusión surge de una verificación sobre 30 municipios. “La ciudadanía sale perjudicada. Pasan hambre”, alertó el funcionario.
Agregó que informes de numerosas intendencias serán puestos a consideración del contralor, Enrique García (imputado), para que otras direcciones de verificación de obras y auditoría forense revisen si existen hechos punibles como desvíos de fondos.
Según el informe de Hacienda de enero a julio, un total de G. 38.074 millones fueron transferidos exclusivamente a municipios por Fonacide, royalties y otros rubros.