Consultado sobre si se reunió con sus abogados, respondió que hoy mantendría un encuentro para tener el panorama judicial del caso. En prosecución a la crisis institucional que afecta a la Gobernación del Guairá, el viernes último la Fiscalía se incautó de la supuesta nota de renuncia del gobernador guaireño que fue depositada por cuatro concejales en la escribanía perteneciente a la notaria pública Graciela López de Fernández.
La orden fue librada por el juez penal de Garantías José Dolores Benítez y el allanamiento fue encabezado por la fiscala María Irene Álvarez (de la ciudad de Caaguazú), quien tomó la investigación tras la recusación de todos los fiscales de los departamentos de Guairá y Caazapá por parte de los abogados del gobernador.
Friedmann adelantó que pedirán una auditoría internacional para conocer la veracidad de la firma.
Por otra parte, también el viernes último, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) resolvió rechazar “in limine” la recusación presentada contra los ministros Jaime Bestard (ANR), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (independiente) por el concejal de Guairá Patrocinio Brítez (ANR), quien quiso ser también gobernador.
Así también los magistrados electorales resolvieron no hacer lugar a la recusación del concejal departamental contra todos los juzgados electorales y contra la actuaria judicial del TSJE Lourdes Rojas.
Los ministros electorales también decidieron en la víspera rechazar la recusación presentada por el abogado Ramiro Sisul, representante del presidente de la Junta Departamental de Guairá, Rodolfo Pereira (ANR), contra Luis Casco Oviedo y Leonor González, miembros del Tribunal Electoral de Guairá y Caazapá.
Supuestas irregularidades
La Junta Departamental guaireña sesionó este viernes último en forma ordinaria con la presencia de sus 13 legisladores. Durante la reunión, los siete concejales opositores al gobernador Friedmann decidieron solicitar a la Cámara de Diputados la intervención de la institución guaireña.
El pedido obedece a supuestas irregularidades en la ejecución presupuestaria 2016, entre ellas la remodelación de una plaza en Eugenio A. Garay por unos G. 550.000.000 que, según la Comisión de Hacienda, no concluyó.