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Fue tras ser consultado sobre la actitud que tuvo la Contraloría General de la República de apelar la resolución del juez Rubén Riquelme que le obliga a dar a conocer las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, que ocupan cargos importantes como la Presidencia, la Vicepresidencia, la Fiscalía General, el contralor, todos los legisladores nacionales, departamentales y distritales, etc.
Sin embargo, en su faceta de abogado, reconoció que el contralor Enrique García tiene también el derecho de apelar la resolución.
“Cuando una resolución todavía no está firme se debe aguardar el pronunciamiento de una autoridad jurisdiccional competente, en ese sentido el contralor lo que hizo fue apelar esta resolución y se va a tener que esperar el pronunciamiento, porque ese es el principio constitucional inherente al Estado de derecho”, expresó.
Ovelar, consultado sobre si cree que habría presiones detrás de la apelación, para que no se den a conocer las declaraciones juradas de algunos altos funcionarios, se limitó a señalar que se tratan de conjeturas y que sería irresponsable de su parte caer en lo mismo.