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Los empleados del Ministerio Público comunicaron ayer la extensión de la huelga que llevan adelante, con acatamiento del 100% en todo el país, por 30 días más.
Mientras, estarán a la espera de que en la Cámara de Diputados se estudie el pedido de ampliación presupuestaria para la institución, que prevé un aumento salarial mínimo del 10% en la mayoría de los casos, y aún mayor con relación a otros que tienen salarios muy rezagados, explicó el sindicalista Odilón Turo.
FTC sí y Fiscalía no
“El aumento del presupuesto para la Fiscalía implica unos 14.000 millones de guaraníes, monto similar al otorgado a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)”, lo que fue indicado por el vocero de los asistentes fiscales, Justo Duarte.
“No podemos comprender cómo a un grupo que trabaja solamente en un pueblo se le da –FTC– y no a una institución que está en todos los puntos del país”, dijo.
Presión a diputados
La medida de fuerza se inició el día 25 de setiembre, y en principio iba a ser hasta el 6 de octubre. Sin embargo, tras un análisis los huelguistas finalmente decidieron realizar hasta el 29 de octubre la medida de fuerza.
Esta extensión responde a que los diputados en varias ocasiones dejaron sin quórum la sesión, para no tratar el pedido de aumento para la Fiscalía.
El miércoles los diputados cartistas evitaron por tercera vez el tratamiento de la propuesta, al abandonar la sala. El aumento solicitado sería para asistentes, secretarios fiscales, forenses, peritos y sicólogos. El monto establecido es de unos G. 46.925 millones.
Pedirán lista
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, indicó que la semana próxima pedirá a la Fiscalía General la lista de los huelguistas, los días que se plegaron a la medida de fuerza y los detalles de los descuentos, teniendo en cuenta que ese es un requisito del Código del Trabajo.
Esto, especificó, es porque hay muchas quejas, principalmente, de los abogados que alegan que los funcionarios están en sus oficinas, llaveados o con carteles donde indican que están de huelga, cuando no deberían estar dentro de la institución, y tienen que dar lugar a quienes sí quieren trabajar.
El gremialista Turo había asegurado que los servicios básicos, como Fiscalía de turno, laboratorio de turno, chofer de turno, entre otros estarían garantizados mientras dure la huelga.
Sindicalista imputado
El sindicalista Odilón Turo, miembro de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, está imputado por un millonario caso de estafa en la Asociación de Empleados del Poder Judicial. Se trata del desvío de montos descontados al funcionariado para el pago de cuotas por créditos y compras en casas comerciales, la utilización de pagarés de cuentas ya canceladas o por cancelar para la refinanciación de nuevos préstamos sin autorización de los socios, entre otros.