De acuerdo a informes brindados por la Contraloría General de la República, de noviembre de 2012 a diciembre de 2015, los gobiernos departamentales recibieron importantes partidas de dinero del Tesoro Nacional en concepto de royalties (G. 657.855 millones) por compensación y del Fonacide (G. 220.837 millones). Esos montos, según las normativas legales, tendrían que haber sido invertidos en infraestructura, arreglos y construcción de locales escolares, merienda escolar, salud, entre otros. Sin embargo, los resultados que se observan hasta ahora en las comunidades, con algunas honrosas excepciones, son realmente lamentables.
Tal es así que proliferan locales escolares en ruinas, con peligro de desplomarse sus techos; hay casos en que las clases siguen impartiendo bajo árboles; falta de provisión del almuerzo escolar, difícil acceso de escolares hasta los centros educativos por falta de caminos adecuados y seguros, entre tantas falencias que observan y publican casi a diario los medios periodísticos.
En contrapartida, también se exponen casos de enriquecimiento de autoridades comunales y departamentales en detrimento de sus mandantes sumidos en la pobreza y la miseria. El órgano superior de control, a través de la Dirección General de Economía dirigida por Gladys Fernández, había advertido en varias ocasiones que en el uso de estos recursos públicos aún hay un escollo que no se logra superar, que es la incorrecta ejecución del dinero público. Señalaba que el uso inadecuado impacta directamente en las áreas de salud, educación y conlleva un grave daño a la población más vulnerable, por verse así disminuidas sus posibilidades de mejorar su calidad de vida y buscar un futuro mejor para la patria y para ellos mismos.
Precisamente, hasta el martes tres gobernaciones: San Pedro, Presidente Hayes y Boquerón seguían sin rendir cuentas sobre el dinero de royalties 2016. La de Concepción fue rechazada.
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