Hizo desaparecer dinero
El cuestionado gobernador de San Pedro, Vicente Rodríguez (ANR), se postula por un escaño para la diputación por el Movimiento Honor Colorado, en el equipo de la cuestionada diputada Perla Acosta de Vázquez, quien a su vez es candidata a la Gobernación de San Pedro.
Rodríguez cuenta con toda una red de parentela en la función pública, sobre todo en el Poder Judicial que, según datos ofrecidos por su propio entorno a este diario, cada funcionario que asume algún cargo mediante su padrinazgo paga un “canon” mensual, el cual sufre un aumento en esta época electoral para la campaña política.
En cuanto a su administración, la misma tiene varios cuestionamientos, entre los que figura una serie de obras inconclusas o de pésima calidad, como aulas, empedrados y reparación de caminos solventados con royalties y Fonacide. En 2015 se declaró emergencia en San Pedro y la Gobernación recibió unos G. 7.000 millones para paliar los efectos de las inundaciones, pero los recursos nunca llegaron a los afectados y tampoco fue aclarado en qué se empleó la millonaria suma.
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Es muy apegado a las carreras de caballos y juegos de naipes. Como la mayoría en su momento, fue muy crítico al presidente de la República, Horacio Cartes, pero ante su lamentable administración y para eludir todo tipo de intervención se convirtió en un fuerte cartista, buscando ahora hacerse de fueros en la Cámara Baja.
Invirtió en feos caminos
PILAR (Clide Noemí Martínez, corresponsal). El gobernador Carlos Silva (PLRA), a quien se lo critica fundamentalmente por gastar millones de dólares en pavimentación de caminos con piedras de desecho de canteras –que son una tortura–, lidera la campaña que busca instalar al secretario de su administración, Édgar Morel, como su sucesor, y a su hijo Carlos Enrique Silva como diputado.
Postulados en la Lista 22, enfrentarán en las elecciones internas a los candidatos del sector encabezado por el diputado Víctor Ríos y al del exparlamentario Luis Delfino.
Los fuertes reproches a la gestión de Silva se producen porque en su administración, llamativamente, la mayoría de los recursos para obras han sido entregados a la constructora BGF SA, a la que estaría ligado el diputado Dionisio Amarilla (PLRA).
El hijo del gobernador fue candidato del PLRA a la intendencia de Pilar, pero lo derrotó Alfredo Stete (ANR).
Silva afronta actualmente una dura disputa con los intendentes de Isla Umbú, Jorge Marecos (PLRA), de Humaitá, Víctor Bordoli (ANR), y de Paso de Patria, Rolando Arrúa (ANR), porque estos se oponen a la ejecución de una nueva obra vial con piedras de desecho y que afectará a sus distritos. El argumento de esos 3 jefes comunales es la pésima experiencia con obras similares en otros sectores del departamento. No desean un pavimento de tan mala calidad en el que se derrocha dinero público.
El gobernador había sido imputado por desacato, por no dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, el año pasado. Silva debía reponer en su puesto laboral a un funcionario al que despidió, identificado como Ismael Sosa Armoa, quien accionó judicialmente, sin embargo, no lo hizo.
Inauguró aulas con pésimos materiales
CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El actual gobernador de Cordillera, Carlos María López (PLRA), renunciará en enero del 2018 para buscar ser diputado N° 1 por Cordillera por el movimiento Equipo Joven.
Odontólogo de profesión dejó de lado su consultorio para ser gobernador. Antes se desempeñó como secretario general en la institución, trabajando con su mentor el diputado Milciades Duré (imputado). López fue concejal municipal de Piribebuy y candidato a intendente.
Un informe especial de la Contraloría General de la República (CGR) señala que las obras ejecutadas por la Gobernación de Cordillera, primero bajo la administración de Anuncio González (2013), actual candidato a gobernador, y luego por la de Carlos María López, ambos del PLRA, no se realizaron con las especificaciones técnicas requeridas. Entre las irregularidades destacó que varias aulas fueron construidas con materiales de pésima calidad. Las obras fueron financiadas con recursos de Fonacide.
López también está procesado por una supuesta falsificación de documentos públicos, denuncia presentada por Carlos Ramón González, quien figuraba como personal contratado de la institución departamental sin que prestara servicios en la misma. La fiscala que investiga el caso desde el 2015 es Zunilda González de Martínez.
Otro cuestionamiento es que la mayoría de las obras viales y de infraestructura ejecutadas bajo la administración de López fueron realizadas por EAH Construcciones, del ingeniero Elio Acosta. Esta compañía facturó millones de guaraníes pese a la mala calidad de su trabajo. Le encomendaron hacer aulas y caminos, sanitarios, perforación y equipamiento de pozos artesianos, entre otras obras. En varios casos también hubo adjudicaciones directas y por la vía de la excepción.
Al respecto, Carlos María López había asegurado que para las adjudicaciones se cumplieron las reglas legales y solicitó que se le presenten pruebas sobre las denuncias de direccionamiento de contrataciones.
Entregó fondo estatal y no rindió
CORONEL OVIEDO (Víctor Daniel Barrera, de nuestra redacción regional). El gobernador de Caaguazú, Mario Varela (ANR, disidente), se postula para la diputación por el Movimiento Colorado Añetete. Tuvo un gran salto en la política cuando fue elegido jefe departamental, de la mano del movimiento Jóvenes al Poder, del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, disidente). Antes se desempeñó como funcionario público en entes del Estado.
Varela es abogado, percibe un salario de G. 23.000.000 y un rubro como docente en la UNCA de G. 3.000.000. Después de asumir como gobernador, consiguió a su hermano Derlis Varela (ANR, disidente) un puesto en la Junta Municipal de Coronel Oviedo con salario de G. 8.500.000.
Un examen especial de la ejecución de rubros de royalties y Fonacide de la Gobernación de Caaguazú detectó transferencias de capital al sector privado por G. 976.549.119 sin que se presentara la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República. La operación corresponde al año 2013 y afecta a la administración de Derlis Pío Godoy Romero (PLRA), hasta agosto de 2013, y a Mario Varela (ANR), de agosto del 2013 en adelante.