El fracaso se dio pese a que Cartes logró la autorización mediante ley para un despliegue permanente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte del país.

El mandatario en su discurso de asunción al poder el 15 de agosto del 2013 prometió que ningún sector criminal le iba marcar la agenda de gobierno y poco tiempo después, aprovechando el ambiente propicio por las expectativas generadas, consiguió que el Congreso modifique la ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna para instalar fuerzas militares y policiales en forma continua en los departamentos San Pedro, Concepción y Amambay.

Sin embargo, el EPP siguió golpeando con constantes asesinatos, secuestros y destrucciones en haciendas. (ver cuadro). En comparación a la administración cartista, en el periodo lugo-franquista el EPP cometió un secuestro y 14 asesinatos.