El jefe de Fuerzas Militares Luis Gonzaga Garcete falseó algunas respuestas del informe remitido al Senado de la Nación que le requirió explicaciones sobre varias denuncias de corrupción publicadas en la prensa. El documento ingresó el 5 de setiembre pasado a la presidencia de la Cámara Alta y con sello de “reservado”.
En el caso de la estafa registrada en la construcción de la Escuela de Infantería de Chaco’i, informó que “la ejecución de las pólizas aún no fue finiquitada” y que se encuentran demandadas en la Justicia Ordinaria por la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo la citada institución negó que existieran trámites de cobro en este concepto.
“Se encuentran demandadas por parte de la Procuraduría General de la República y corresponden a las pólizas de Fondo de Reparo y Anticipo”, informó el jefe militar. El abogado de la PGR, Felipe Mercado indicó que “las pólizas están vencidas y prescriptas”.
Con mucha reserva sobre el caso, el profesional refirió que la demanda realizada por la PGR es por “repetición de pago” contra la empresa contratista Marraing, de Marcelo Ramírez Gamarra y nada tiene que ver con el cobro de ninguna póliza. “Que devuelva el dinero que el Ejército le entregó ya que él no termino de concluir las obras”, sostuvo el abogado, quien coincidentemente es el hijo de uno de los miembros de la Corte Militar, Felipe Mercado. En esa misma instancia se paralizó la conformación del Tribunal Extraordinario para investigar y juzgar a Gonzaga Garcete.
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La acción de la PGR es para pedirle a la contratista que devuelva el dinero que el mismo Ejército le entregó a discreción. Incluso después, Gonzaga Garcete aceptó una ínfima indemnización.
El Senado pidió un informe de 15 puntos a Gonzaga Garcete. Entre ellos está el uso que dio al decreto del presidente Horacio Cartes que le habilitó a contratar por vía de la excepción para construir grandes obras en el marco de un sensible plan de seguridad a nivel país. El jefe militar respondió que “las obras realizadas son sensibles a la seguridad nacional”. Sin embargo, envió la misma planilla de contrataciones publicada repetidas veces por ABC Color, donde consta que gastaron en privadas, remodelaciones de oficinas de jefes, arreglo de dormitorios como el del vocero de FF.MM. Cnel. Jorge Mieres, cambios de alfombrados, y “precios de oro” como los juegos de baño de la cárcel de mujeres de Viñas Cue a G. 19 millones.
Se incluye el informe de la bondadosa “generala”, Lucía Duarte de Garcete que según su marido tiene una labor de vital importancia para las FF.AA. ya que se que recurre al programa de ayuda de su Fundación para las actividades de asistencia social. Sin embargo la mujer como si fuera una dependencia de FF.MM. usa combustible y personal de las FF.AA. para tareas de su ONG.
Gonzaga Garcete también le dijo al Senado que la esposa trabaja 8 horas diarias, cuando la mujer tiene “permisos especiales” y no cumple dicha carga horaria.