LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). Funcionarios de la Dinac “fueron llamados” a participar del acto político llevado a cabo este lunes a la tarde en el Garden Club de esta ciudad. Durante el evento, uno de los trabajadores de la institución, identificado como Ramón Servín Sandoval, “líder de la juventud colorada en Luque”, dijo que la “Dinac pertenece al movimiento Honor Colorado”. Agregó que las “bellas damas funcionarias se encargarán principalmente de juntar los votos para el 17 de diciembre”.
Posteriormente, el polémico senador cartista y aspirante al rekutu en el lugar número 3 de la lista de Honor Colorado para el Senado, Óscar González Daher, fue presentado como “el paño de lágrimas de los pobres” y como el hombre consustanciado con el Partido Colorado. Apenas, hizo uso de palabra, el legislador oficialista amenazó a los funcionarios que “jueguen a dos puntas”, con enviarlos afuera.
“Hay tres jefes de Departamentos que juegan a dos puntas y estuvieron con Marito (Abdo Benítez) la semana pasada. Tengo fotos, y no se tiene que jugar a dos puntas, tiene que ser blanco o negro, o se van afuera mis queridos amigos”, amenazó González Daher.
Agregó que “él no miente, no roba y tampoco jode”, sino que simplemente es “un poco argel, pero en su lugar”. El cartista también “dio un mensaje” a los presentes. Señaló que todos los asistentes en el acto deben votar por el precandidato presidencial Santiago Peña.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cuestionado
El legislador, oriundo de Luque, Óscar González Daher, es legislador desde 1998. Tiene innumerables denuncias por tráfico de influencia, evasión de impuestos y otros, además de haber sido denunciado en varias oportunidades por traficar influencias en la justicia ordinaria, es sospechado de acumular fortuna como prestamista.
Recientemente, la Coordinadora de Abogados anunció que desea cotejar los datos que posee sobre la contratación de 43 abogados particulares, a quienes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pagó más de G. 845 millones y de quienes se sospecha serían operadores políticos o planilleros.