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Según señalan las abogadas Sara Parquet y Cecilia Pérez, el magistrado señaló que no habían hechos nuevos que puedan hacer cambiar la situación procesal de sus defendidos. Pero, las profesionales alegan que existen contundentes hechos nuevos, vicios e irregularidades y atacan también la imputación que fue solo una copia del informe de Seprelad. También señalan que no existe peligro de fuga de sus defendidos, quienes se pusieron a disposición del juzgado el mismo día que fueron imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las abogadas apuntan que los mismos no cometieron enriquecimiento ilícito ya que los bienes que tienen los adquirieron antes de ocupar puestos públicos. Por tanto, piden al Tribunal de Apelación que revoque la resolución del juez Otazú y disponga que la privación de libertad se lleve a cabo en sus domicilios y no en la Agrupación Especializada.