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La presentación tenía la intención de mutilar la imputación que es por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Se quería excluir el delito de enriquecimiento ilícito que es considerado crimen y que traba la posibilidad de que se les otorguen medidas alternativas a ambos. Alegan que el exsenador cartista y su hijo no son funcionarios públicos, por lo que no se pueden regir por la Ley 1626/2000 de la Función Pública y no pueden ser juzgados por enriquecimiento ilícito.
De este pedido se corrió vista al fiscal Marcelo Pecci (interino) y el mismo se opuso al requerimiento y alegó que González Daher y su hijo sí son funcionarios públicos y que por esa razón no se puede excluir el hecho de enriquecimiento ilícito, tal como pide la defensa de los procesados. Apunta el fiscal que se dan todos los presupuestos para confirmar la calificación. En consecuencia, Otazú, atendiendo a que no se encontraron vicios en la imputación, resolvió no hacer lugar al pedido.
La semana pasada también se había rechazado el pedido de aplicación de medidas alternativas a la prisión para ambos políticos colorados, quienes están recluidos desde el 24 de setiembre pasado.