Las abogadas de los González Daher, Sara Parquet y Cecilia Pérez, pidieron que sus clientes guarden reclusión en su domicilio. Argumentaron ante el juez Otazú que supuestamente solo encontraron inconsistencias contables, motivo por el cual no se le puede imputar por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El argumento no le convenció al magistrado, quien públicamente informó los argumentos de su fallo al grupo de ciudadanos anticorrupción que llegaron hasta el Palacio de Justicia para reclamar que no se le privilegie a nadie.

El juez dijo que decidió mantener en la cárcel a los dos procesados porque no halló cambio en la situación procesal de ambos. También refirió que existe un hecho punible, de enriquecimiento ilícito, que por tener una expectativa de pena de prisión de 1 a 10 años, se convierte en crimen y no permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

“Entonces, haciendo todo este análisis desde el punto de vista formal, el juzgado ha rechazado el pedido de la defensa y ratificado la primera resolución por la que se ordenó la prisión”, explicó Otazú.

Ya dirigiéndose al grupo de ciudadanos que estuvieron siguiendo la audiencia, el juez les dijo: “Déjennos trabajar con la tranquilidad que necesitamos y lógicamente nos debemos a lo que dice la ley, nosotros no podemos estar fallando distinto a lo que dice la ley, entonces era en ese sentido que daba ese mensaje a la ciudadanía, para que vuelvan a creer en las instituciones, porque se perdió el respeto, pero cuando haya algo contradictorio vamos a fallar siempre conforme a la ley”.

Antecedentes

El exsenador cartista Óscar González Daher y su hijo el concejal de Luque con permiso Rubén González Chaves fueron imputados por el fiscal René Fernández el 24 de septiembre último por los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y denuncia falsa.

En esa misma tarde ambos se presentaron ante el juez Otazú, quien ordenó la prisión del exlegislador y de su vástago en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción.

El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ataca la defensa de los González, reveló que a través de la empresa inmobiliaria Príncipe Di Savoia la familia del exsenador colorado cartista tenía un movimiento de G. 8 billones, cuyo origen aparentemente es ilegal. Sin embargo, las abogadas de los González sostienen que tienen cómo demostrar el origen del dinero.

Procesados no acudieron

En la audiencia ante el juez Humberto Otazú, no acudieron los imputados Óscar González Daher ni Rubén González Chaves. Solo asistieron sus abogadas Sara Parquet y Cecilia Pérez. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Liliana Alcaraz.

Otazú explicó que no era obligatoria la presencia de los procesados y que bastaba con sus abogados.