El cuestionado comandante de las Fuerzas Militares (FF.MM.) Gral. Luis G. Garcete, hoy sacudido por denuncias de corrupción, presentó a través de su abogado Mario Aníbal Elizeche una solicitud para que su caso sea tratado exclusivamente en la jurisdicción de la Justicia Militar.
Según explicó Elizeche, “es por un principio de legalidad, no por miedo”. Invocó el artículo 174 de la Constitución Nacional (CN) porque las denuncias corresponden al ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), gremio que denunció ante el Ministerio Público a Gonzaga Garcete y a su esposa Lucía Duarte de Garcete –conocida como “la generala”– por los supuestos delitos comunes de “cobro indebido de honorarios y lesión de confianza que tipifica, previene y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública”, también invocó, entre otros, el artículo 174 de la Constitución Nacional y ratifica que es la Fiscalía de Delitos Económicos la que debe investigar el caso.
El artículo 174 de la Constitución Nacional señala: Los tribunales militares solo juzgarán delitos o faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses.
En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo considerará como delito común. Solo en caso de conflicto armado internacional y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares retirados.
“El comandante de las Fuerzas Militares, según la investigación del diario ABC Color, ha sido el responsable directo del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) como ordenador de gastos, sin descartar la complicidad de otros funcionarios públicos y civiles contratados para la materialización de los hechos punibles denunciados. Según nuestra visión, no existen dudas de que es la justicia ordinaria, no la Militar la que debe tramitar la denuncia y profundizar la investigación. La Justicia Militar no tiene competencia para entender en este asunto, según nuestra Constitución nacional y los convenios internacionales que forman parte de nuestro derecho positivo”, refirió la abogada Kattya González, presidenta de la Coapy.
Hay suspicacia de que el caso del Gral. Luis Gonzaga Garcete sea derivado a la justicia militar, considerando que el presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, general de división Pastor Agüero, es conocido incluso como el “ahijado” del jefe de FF.MM. dentro de las Fuerzas Armadas y hasta candidato a comandante del Ejército.
Este además es tres años menos antiguo que el comandante y se presta para desconfiar que en circunstancias que no favorezcan al Gral. Garcete, el máximo jefe militar ordene su arresto.
La pareja del general Agüero, Elda Garrigoza, es una de las más fieles amigas de la “generala” Lucía Duarte de Garcete. Incluso ora con ella y se comunican frecuentemente a través del WhatsApp.
Elizeche minimizó la cercanía y dijo que “son amistades que nada tienen que ver en lo institucional”. Manifestó que el Gral. Agüero depende del comandante de las FF.AA. y presidente Horacio Cartes. Reiteró que corresponde que el caso de Garcete sea tratado en el ámbito de la Justicia Militar.
Mientras tanto, la Fiscalía no registra mayores avances. Según confirmó la fiscala de Delitos Económicos, Yolanda Portillo, lo único que se llevó consigo cuando se constituyó en FF.MM. fueron documentos de la fundación de la “generala”, y que hace un par de días le acercaron otros papeles del legajo de Duarte, que todavía no analizó.
Fundación en sede militar
El ministro de Defensa, Diógenes Martínez, había declarado que es clara la infracción que cometió la “generala”, Lucía Duarte de Garcete, esposa del comandante de las Fuerzas Militares general Luis Gonzaga Garcete, al utilizar la estructura de las Fuerzas Armadas para que funcione una fundación que es de carácter privado.
El uso de esos recursos públicos para fines privados, que incluyen servicios de personal del Estado y automotores de la institución, se realiza con el padrinazgo del general Garcete.
