Si bien el oficialismo impuso su mayoría en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles, para evitar que se apruebe intervenir la administración de la intendenta Sandra McLeod (ANR, cartista), las dudas no fueron despejadas durante el debate, en particular sobre ocho de las acusaciones presentadas por la Junta Municipal esteña.
Uno de los casos más graves se refiere a las obras inconclusas en la Plaza Van Haaken. Además del aspecto económico por la aparente utilización de materiales de mala calidad en las instalaciones, se suma el fallecimiento de una niña por electrocución. La responsabilidad de la Municipalidad se sustenta en que la obra fue recibida sin cuestionamientos, con un informe posterior que hizo el Tribunal de Cuentas, organismo que no cuenta con la estructura para realizar un dictamen. El informe de técnicos de la ANDE constató varias falencias en la obra y la responsabilidad recae en la administradora de la Municipalidad.
En cuanto a las irregularidades denunciadas en la aplicación de los recursos del Fonacide, se exhibieron pruebas de evidentes sobreprecios en los alimentos y servicios proveídos. El argumento de los defensores de la intendenta fue hacer comparaciones con otros municipios y gobernaciones a cargo de liberales, lo cual no exime de la responsabilidad a las autoridades de Ciudad del Este.
Sobre la denuncia de estafa a los contribuyentes en el cobro de impuestos, se constató la existencia de registros de cajas paralelas. Pese a que la intendenta actuó y se echó a algunos funcionarios, los administradores principales no fueron tocados. La sospecha es que este tipo de maniobras venía de tiempo atrás ante la impunida que gozaban por la prohibición de que la Contraloría pudiera auditar. Las dudas en cuanto al manejo presupuestario y los gastos extraordinarios en publicidad se potencian por la falta de control. Recién luego de las acusaciones se anuncia que dejarán que la Contraloría audite.
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