El intendente de Asunción Mario Ferreiro había prometido públicamente que no dejaría que la Municipalidad a su cargo pierda una demanda de 12 millones de dólares iniciada contra la institución por la firma Ivesur.
“Asunción no puede perder”, decía en declaraciones a ABC Cardinal 730 AM el 13 de febrero pasado.
Sin embargo, la Comuna asuncena no solo perdió la demanda al ser condenada por un tribunal arbitral extrajudicial a pagar G. 18.975.014.366 (unos 3,6 millones de dólares), sino el abogado que se encargó del caso, José Enrique García –elegido ayer nada menos que contralor general de la República– no apeló a tiempo, dejando a la Municipalidad en absoluto estado de indefensión.
Según documentos que obran en nuestro poder, la Municipalidad tenía plazo hasta el 6 de octubre pasado para solicitar la nulidad del fallo. Sin embargo, en los registros informáticos del Tribunal de Apelaciones no figura dicha presentación, según un informe elaborado por Mirtha R. Vaccari Marín, coordinadora de mesa jurisdiccional.
El 11 de octubre, a las 11:20 García presentó una nota ante el mismo tribunal y solicitó acumulación de su expediente de “demanda arbitral de Indemnización... contra la Municipalidad de Asunción”, junto con una presentación hecha por el abogado de Ivesur Juan Ernesto Villamayor, donde pedía que se aumente sus honorarios, y que se estaba tramitando en la quinta sala.
Sospechosamente después aparece en la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo civil y comercial, el expediente al que hace referencia García. Supuestamente su apelación ingresó el 6 de octubre a las 11:20. Al pie, en el “recibido” aparece una firma sin la debida aclaración como dictan las normas. Supuestamente pertenece a la actuaria Viviana Cabrera, pero la misma informó que no recibió, que no existe dicho expediente y que su firma fue falsificada.
Existen fuertes sospechas de que el abogado de la Municipalidad se “olvidó” de presentar su apelación y para tratar de corregir intentó ingresar con complicidad de algún funcionario.
De confirmarse oficialmente que el expediente de García no tuvo ingreso el día que vencía el plazo, se estaría ante un grave hecho que inclusive podría ser objeto de una investigación penal, y pone en cuestión el interés del intendente Ferreiro de velar por los intereses de la ciudadanía.
Desde un principio la demanda de Ivesur fue considerada un gran negociado. Existieron fuertes versiones de acuerdos previos para repartir la millonaria suma que birlarán a la Municipalidad.