Habilitan que policías sean parte de la dirigencia de cooperativas

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La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la versión del Senado y sancionó el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley N° 222/93 de Orgánica de la Policía Nacional, con los que se habilita a los agentes a participar de las actividades gremiales como asociaciones de cooperativas. El oficialismo desistió apoyar la ratificación del proyecto.

El senador colorado Carlos Núñez ayer, en horas de la mañana, realizó un intenso lobby en la Cámara de Diputados. De aplicarse la normativa, este legislador pasará a blanquear su situación atendiendo a que se desempeñaba como presidente de la cooperativa policial “8 de Marzo Ltda”.

Por 56 votos a favor de la versión del Senado, fue sancionado ayer el proyecto de ley N° 222/93. A este plan se le llamó “ley Pastor Coronel” porque en uno de sus artículos (el 6°) también se pretendía autorizar a la Policía la detención de personas sin orden judicial ni fiscal como en la dictadura.

Sin embargo, los diputados del oficialismo ya habían desistido un día antes de votar por la ratificación del artículo 6° del proyecto de modificación de la Ley 222/93, por las sospechas que se instalaron en la sociedad de que los policías podían realizar apresamientos arbitrarios.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Olga Ferreira de López (independiente), defendió la versión del Senado. Argumentó que la ratificación de la versión de los diputados iba a permitir que la Policía decida qué es sospechoso o qué no para realizar detenciones y que con ello se podría volver a las prácticas dictatoriales.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, Bernardo Villalba, afirmó que optaban por la versión del Senado porque ella ratifica la atribución de la detención que tiene la Policía pero según como establece el Código Procesal Penal (con autorización judicial). Empero, dijo que con la normativa no van a acabar los casos de “gatillo fácil”.

El oficialismo cambió de un día para otro su versión. Sus referentes se mantenían en ratificarse en la versión de Diputados argumentando que el polémico artículo 6° era una simple transcripción del Art. 239 del Código Procesal Penal.