18 de Noviembre de 2013

| HAY UNA JUSTICIA INOPERANTE QUE DEJA IMPUNES VIOLACIONES

Hablan de Estado represivo que viola derechos humanos

El informe de una misión de observación internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay expresa su preocupación por la precariedad e irregularidad estatal en materia de DD.HH. Critica prácticas represivas, violaciones, abusos, niveles de pobreza e indigencia y una justicia inoperante.

El grupo de observadores recorrió Concepción, San Pedro, Canindeyú y Presidente Hayes del 11 al 14 pasado. Se interiorizaron de la implementación de la Ley 1337 De defensa nacional y seguridad interna. El informe está basado en testimonio de pobladores y autoridades de esos departamentos. La misión estuvo integrada por 43 miembros de organizaciones, redes e instituciones de Suecia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, e insta al Estado a garantizar protección de las personas que dieron relatos y testimonios a la misión y abstenerse de someterlas a represalias.

Menciona que con el argumento de la persecución al enemigo interno (Ejército del Pueblo Paraguayo), el Estado profundizó sus prácticas represivas, a través de asignación de funciones de seguridad interna a cuerpos militares; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías. Señala que lejos de llevar la seguridad a las zonas militarizadas, se producen desarticulación del tejido social, debilitamiento de vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante.

Los entrevistados por la misión manifestaron fuerte rechazo a la concentración de tierra y masiva implementación del modelo sojero que conlleva el uso de agrotóxicos, que afectan la salud de las personas y el ambiente.

Altos niveles de pobreza

También observó altos niveles de pobreza a indigencia en las regiones visitadas y gran parte de esa población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, saneamiento, agua potable. Ante el reclamo de esos bienes, el Estado responde mediante la militarización, que es fuente de represión y miedo, apuntan.

Hay una alta vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la tierra. Critica la falta de cumplimiento por parte del Estado de la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. que obliga a restituirles sus tierras ancestrales.

La misión recibió relatos sobre presencia de grupos paramilitares que defienden intereses del sector agroexportador y vinculados al narcotráfico, a los que sindican como responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, y que operarían en connivencia con miembros de la fuerza pública.

Enumera una serie de derechos vulnerados por agentes del Estado por hostigamientos, detenciones ilegales y arbitrarias, agresiones físicas y verbales en desalojos, niñas y adolescentes víctimas de amenazas y de violencia sexual sin que se les preste ningún tipo de asistencia ni siquiera se investigan los hechos; ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, amenazas de procesamientos y vinculaciones con el EPP.

Sindica a la justicia de inoperante, que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las violaciones de los derechos humanos.

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