Este proceso judicial permitió concluir, sin lugar a dudas, que existió una coordinación represiva entre regímenes dictatoriales de América Latina denominado Plan Cóndor. Su objetivo principal fue la ayuda mutua entre las dictaduras de sus países miembros para perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos de cada país, sin que los límites impuestos por las fronteras operaran como obstáculos para el plan criminal pergeñado por cada dictadura, cuyo soporte ideológico fue la Doctrina de Seguridad Nacional.

Durante el proceso también se pudo probar que la coordinación represiva tuvo como víctimas a personas, en su gran mayoría, militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña.

Uno de los impulsores del proceso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, habla de responsabilidades de personas y grupos que instigaron, promovieron, facilitaron o se beneficiaron de esos crímenes. Algunos son señalados a lo largo del alegato. Además, menciona que hicieron su aporte a esta empresa criminal distintos grupos de la extrema derecha de la comunidad internacional como agentes de la CIA, cubanos anticastristas y fascistas italianos, entre otros.

De las 106 víctimas mencionadas, el escrito cita a 15 paraguayos. Las demás son 45 uruguayos, 22 chilenos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano. La gran mayoría fue secuestrada en Argentina (90), pero hubo víctimas desaparecidas también en Paraguay (5), Uruguay (4), Bolivia (4) y Brasil (3).

Entre los paraguayos se menciona la acción impulsada por Rogelio Agustín Goiburú, por la desaparición de su padre, el médico militante del Mopoco, Agustín Goiburú Jiménez.

Cita el hallazgo del “Archivo del terror”, que incluye medio millón de fojas de documentos provenientes de organismos responsables de la represión de la dictadura de Alfredo Stroessner.