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Hace ocho meses que el TSJE oculta a miles de “planilleros”

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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Hace ocho meses que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) oculta a miles de “planilleros” contratados para trabajar supuestamente para las elecciones generales del 22 de abril pasado. De esta manera viola la Ley de Transparencia. Por otro lado, Jaime Bestard (ANR, cartista) usurpa el cargo en el TSJE porque tiene mandato vencido.

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La Ley N° 5189/14 de Transparencia obliga a los entes públicos a divulgar en sus respectivos sitios webs su nómina de funcionarios asalariados. Sin embargo, la norma considerada como un logro de la ciudadanía, es incumplida por numerosas entidades estatales desde enero y los datos vuelven a ser “Secreto de Estado”.

El principal infractor de la ley es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La entidad maneja un presupuesto anual de US$ 90 millones y hasta diciembre de 2017 tenía un plantel de 7.000 funcionarios entre permanentes y contratados.

Los responsables de no divulgar los datos oficiales son los tres miembros del TSJE: Jaime Bestard (ANR, cartista), María Elena Wapenka (PRF) y Alberto Ramírez Zambonini (PLRA).

Actualmente Bestard y Wapenka tienen mandatos vencidos desde el 22 de agosto pasado, teniendo en cuenta que asumieron sus funciones en el 2013 y aún no fueron confirmados. Ambos están usurpando funciones debido a que no hay reconducción tácita.

Bestard y Wapenka recurrieron a la Justicia para lograr su inamovilidad pero hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no se expidió.

El principal responsable de la falta de transparencia en el TSJE es su ex titular Bestard. Oculta a la ciudadanía la contratación de miles de operadores y “planilleros” durante la campaña electoral. 

Hace cinco años, en abril del 2013, el TSJE informó haber destituido a 7.000 funcionarios temporales, pero no dio a conocer el listado, por lo que se puede suponer que en abril de 2018 la institución albergó a unos 14.000 funcionarios. 

En ese entonces se prometió que nunca más se volvería a caer en las mismas prácticas.

No pagan multa 

La entidad encargada de regular el cumplimiento de la ley es la Secretaría de la Función Pública (SFP). Hasta el 15 de agosto estuvo a cargo de Humberto Peralta y el nuevo gobierno designó a Cristina Bogado, quien lleva días a cargo y ya fue cuestionada por el meteórico ascenso de su hija en el Ministerio de la Mujer.

La SFP lleva meses “informando” del incumplimiento de la ley por parte del TSJE, pero no aplica multas.

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