El 30 de setiembre del año pasado Bogado presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Apelación que confirmó como juez del caso “niñera de oro” al magistrado Óscar Delgado.
El legislador, quien desde un principio evidenció su falta de sometimiento a la justicia por la evidente mala fe en sus actuaciones, alegó que el Tribunal de Alzada violentó garantías constitucionales por lo que la decisión tenía que ser anulada.
La presentación de Bogado debió ser rechazada “in limine”, atendiendo que la confirmación de un juez de ninguna manera puede violentar garantías establecidas en la Carta Magna. Sin embargo, los ministros Antonio Fretes y Miryam Peña (luego se apartó del caso) admitieron la acción.
La doctora Gladys Bareiro de Módica votó en disidencia y afirmó que el accionante no demostró las normas constitucionales que fueron violadas con la resolución de la Cámara.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es una vergüenza que luego de un año de la presentación del legislador, la Corte no haya resuelto aún una acción que tiene como fin alargar la causa.
Hace unas semanas el dotor Blanco aceptó integrar la Sala Constitucional en sustitución de la doctora Peña, que luego de admitir la acción se percató de que ya intervino como miembro de la Sala Penal.
Pese a los numerosos incidentes dilatarios y la evidente mala fe, los jueces, camaristas y ministros de la Corte que intervinieron en el caso no se animaron a sancionar a Bogado. Leyes y acordadas establecen fuertes sanciones a los chicaneros, pero las mismas son letra muerta en esta causa.
Lo que dice la ley
El artículo 112 del Código Procesal Penal que hace referencia a la “buena fe” establece claramente que “las partes no podrán designar durante la tramitación del procedimiento, apoderados o patrocinantes que se hallaren comprendidos respecto del magistrado, en una notoria relación para obligarlo a inhibirse”. Agrega que “los jueces cancelarán todo nombramiento o patrocinio que se haga infringiendo esta prohibición, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en este código”.
Bogado para dilatar su proceso y provocar la inhibición del juez de garantía Óscar Delgado cambió de abogado y designó como nuevos defensores a los letrados José Ignacio González Macchi y Víctor Galeano Perrone, de quienes el referido magistrado se aparta por amistad. Fue para lograr una nueva suspensión de la audiencia preliminar en la que se tenía que resolverse si afronta o no juicio oral.
El juez Delgado por su lado, en vez de cumplir lo que establece el Código Procesal Penal, rechazar la intervención de González Macchi y Galeano Perrone, hizo lugar y luego se apartó de la causa. El magistrado no solo incumplió la ley, sino también habría incurrido en una falta grave como dice la Acordada 961/15.
Sin embargo, tanto la evidente mala fe de Bogado como el desconocimiento de las disposiciones legales por parte del magistrado quedaron impunes. Además, ahora la propia Corte es la que traba la continuidad del proceso, al no resolver en un año si es o no inconstitucional la resolución de la Cámara de Apelación que confirmó en la causa a Delgado.
Fiscalía lo acusó en junio de 2014
Los fiscales Luis Pináñez y Aldo Cantero presentaron la acusación contra el senador colorado Víctor Bogado, el 4 de junio de 2014, por estafa en calidad de autor y cómplice de cobro indebido de honorarios. Sin embargo, a más de tres años del pedido del Ministerio Público de elevar la causa a juicio oral, no se pudo realizar aún la audiencia preliminar, debido a los incidentes dilatorios presentados por el legislador y los demás procesados en la causa.
Los otros acusados son Gabriela Quintana, la exniñera de las hijas del parlamentario y Miguel Ángel Pérez, exjefe de gabinete de Diputados, cuando Bogado era el titular de dicha Cámara.
Según la acusación, Bogado pidió verbalmente al entonces director de Itaipú, Franklin Boccia, la contratación de tres funcionarios, entre ellos Gabriela Quintana. Luego, la tarea la encomendó a Pérez
El senador hizo el pedido a sabiendas de que Quintana estaba nombrada en la Cámara Baja, con un salario de G. 13.237.400, dese el 2010, ya que era contratada desde el 2008.
“La contratación y percepción de doble remuneración simultánea fue posible porque el entonces Diputado Nacional Víctor Bogado, en su carácter de Presidente de la H. Cámara de Diputados, por nota N° 4446 del 5 de marzo de 2013, presentada el 8 de marzo de 2013, solicitó al director paraguayo de la Itaipú Binacional, la comisión de Gabriela Quintana Venialgo ‘funcionaria permanente de la Itaipú’, para prestar servicios en la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre de 2013”, afirmaron los fiscales, quienes dijeron que también está probado que Quintana tenía vínculos laborales con el legislador inclusive antes de ser contratada en Diputados. El perjuicio al Estado, mediante el cobro indebido, es de G. 71 millones.