El grupo representa a varias organizaciones de víctimas y familiares agrupados en una coordinadora. Desde hace varias semanas venían reclamando al Ministerio de Hacienda el pago de resoluciones favorables de indemnización estatal a víctimas de la dictadura stronista (1954-1989), correspondiente al año 2012. Más concretamente para aquellas víctimas que se encuentran en estado delicado de salud por su avanzada edad y por las secuelas de penurias que padecieron en esa época.
El miércoles último el grupo recibió la comunicación de que este año Hacienda ya no pagará a las víctimas de la dictadura. Ramón Broson, del gabinete ministerial, transmitió el mensaje de Natalia Palacios, de la Dirección Administrativa. Al respecto, algunos de los integrantes del grupo manifestaron su tristeza y malestar. Anunciaron que recurrirán a la Fiscalía General a denunciar el incumplimiento de la obligación legal de parte del Estado.
Señalaron que hasta ahora el Estado solo llegó a pagar indemnización a unas 4.000 personas y que todavía están pendientes de pago del resarcimiento a miles de personas con resoluciones aprobadas. Estaban esperanzados de que por lo menos una parte de los favorecidas con la resolución, especialmente los enfermos de gravedad, puedan percibir el dinero correspondiente. Las resoluciones del 2012 son por G. 152 millones, 76 millones y 52 millones; que corresponde a 2.500, 1.500 y 1.000 jornales, respectivamente.
Además de la falta de pagos de resoluciones ya aprobadas por la Defensoría del Pueblo, también reclaman una política de estado hacia las víctimas de la dictadura. Señalaron que la recomendación de la Comisión de Verdad y Justicia, con carácter de cumplimiento obligatorio, es que el Estado tiene que implementar políticas de integración plena a la sociedad. Eso quiere decir gestionar la reposición de bienes perdidos durante la dictadura, atención integral a la salud de las víctimas. Comentaron que un importante sector de las víctimas han perdido oportunidad de estudio y de trabajo porque ellos y sus padres fueron perseguidos, despojados de sus bienes, lo que en la práctica significó pérdida de oportunidad de formación y de desarrollo integral.