Se trata del contrato Nº 011/2015 “Servicio de mantenimiento y reparación del edificio”, por un monto de G. 37.389.000, ejecutado por la Defensoría del Pueblo, a cargo del cuestionado defensor Manuel María Páez Monges, cuyo mandato venció en junio del 2008, pero sigue al frente de esta institución.
La verificación técnica realizada por el equipo auditor detectó una rampa de vereda presenta deficiente terminación con el piso de vereda; conexión de plástico en lavatorio y cisternas, no acorde a los requerimientos de la especificación técnica; pintura de paredes desprendidas y con rastros de humedad; conexión de cañerías de agua externa de forma provisoria, entre otras observaciones.
La Defensoría no observó el estricto cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas contractualmente, en detrimento de la calidad de la obra que afectan a la durabilidad de las mismas; observó escasa o nula participación del fiscal durante el desarrollo de las obras.
El informe dice que si bien la Defensoría reconoce las observaciones, no ha remitido a la Contraloría documento de lo actuado.
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El órgano contralor recomienda a la Defensoría del Pueblo que inicie las acciones pertinentes a fin de proceder a recuperar y resarcir los daños por pagos mal efectuados, y que en el eventual caso de que a consecuencia de los mismos, surgieren indicios de responsabilidad civil y/o penal de los funcionarios intervinientes en el proceso observado, se encuentra compelida a impulsar los trámites en los ámbitos jurisdiccionales.