La mujer fue denunciada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) por cobro indebido de honorarios, al ser descubierta que se dedicaba a su ONG en horas de trabajo. Utilizaba la estructura de las FF.AA. uniformados como el patrimonio militar para sus “asistencias sociales”, actividades realizadas en hora laboral haciendo subvencionar al Estado su sueldo de G. 3.500.000 mientras desarrollaba su espíritu solidario con recursos públicos.
Hasta ahora la fiscalía no se ha pronunciado sobre el caso de la “generala”, pese a las evidencias existentes.
En medio de avergonzantes escándalos, el jefe de FF.MM. sigue atornillado al cargo. Está peleando para que la fiscalía no lo investigue por denuncias de corrupción y pidió quedarse a cargo de la Justicia Militar. Mientras tanto se supo que pasó un examen final con nota adulterada, que hizo firmar a Cartes un decreto para un plan de seguridad que usó a discreción, saltaron sobrefacturaciones, se conoció a su secretario vip que gana G. 30 millones, etc.
