Conforme al listado, de los 83 funcionarios públicos que cobraron irregularmente el subsidio estatal, unos 35 (ver facsímil) son de la misma SAS. Todos son “facilitadores comunitarios” de varios municipios del departamento de San Pedro.
La semana pasada, el ministro de Acción Social, Rivarola, confirmó que 83 funcionarios estatales percibían la ayuda monetaria mensual. Aseguró que los antecedentes los remitió a la Procuraduría General de la República, para la investigación correspondiente.
Según la nómina, los facilitadores cobraban directamente o son miembros de familias beneficiarias de las transferencias monetarias, algo prohibido por la ley. Tekoporã se entrega a los jefes o jefas de familias, y ningún miembro de ellas puede recibir otro salario o ayuda del Estado.
Los “facilitadores” son los encargados de ayudar a los beneficiarios para la correcta aplicación y el logro de los objetivos del programa social. Tekoporã, que ayuda a unas 88.000 familias, es un aporte mensual que puede ir de un monto mínimo de G. 250.000 a un máximo de 290.000 por familia, según la página web de la SAS. Pese a que el subsidio debe ser mensual, la secretaría, por una cuestión operativa, según explicaron, lo entrega cada tres meses, por lo que una familia puede recibir de una vez cerca de G. 900.000 en forma trimestral.
Las fuentes de las SAS indicaron que la mayoría de los “facilitadores comunitarios” son operadores políticos y fueron contratados por la administración de Rivarola a pedido de políticos liberales de San Pedro.
Rivarola, que asumió la SAS luego del cambio de gobierno el 22 de junio del 2012, había asegurado que hizo una depuración de la SAS de funcionarios afines al luguismo. Sus detractores en uno de los sindicatos de la SAS acusaron a Rivarola de llenar de operadores liberales la secretaría.