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En cuanto a los proyectos de leyes, estos buscan modificar y ampliar los arts. 37, 41, 324, 448, 420 y 421 del Código Procesal Penal, así como el proyecto de ley “De extinción de dominio”. Los referidos proyectos legales constituyen un programa de acción que incluye medidas concretas para acelerar el procedimiento penal y convertir la justicia penal en una herramienta más eficaz de seguridad ciudadana. En este contexto se plasman ideas precisas para reducir y controlar los hechos punibles vinculados con el narcotráfico.
Los proyectos incluyen la aceleración del procedimiento penal en casos de realización en flagrancia, es decir, con circunstancias fácticas evidentes, así como la competencia única y exclusiva de los Tribunales de Asunción para entender en casos de narcotráfico. Abarca, asimismo, la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado con la finalidad de descomprimir la etapa de juicio oral; y un procedimiento que hace operativo el art. 71 de la Constitución y se traduce en acciones de una administración provisional de los bienes derivados del narcotráfico, que eviten su legitimación.