Pasó más de un mes y hay total hermetismo en torno al juicio que mantiene el Estado paraguayo y la aseguradora estatal italiana Sace en EE.UU. por la deuda contraída por Gustavo Gramont Berres en nombre del Paraguay.
Gramont, cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel, fue embajador itinerante del Paraguay entre los años 1986 y 1987, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
La jueza Ketanji Brown Jackson de Washington DC, Estados Unidos, escuchó el 2 de setiembre pasado los alegatos del Estado y de la Sace.
En la audiencia, el procurador general de la República, Roberto Moreno, y los abogados estadounidenses contratados por el Gobierno: Dane H. Butswinkas, Ana C. Reyes y Richmond T. Moore, del estudio jurídico Williams & Connolly LLP, con sede en Washington, solicitaron la desestimación de la demanda contra el país.
El procurador había señalado a nuestro diario que la jueza debe resolver “si puede considerarse” que el Paraguay renunció o no a su inmunidad soberana para poder ser demandado en dicho país por el caso Gramont. Recordó que el Gobierno rechaza el “pago del fraude”.
Se inició hace 30 años
La firma italiana Sace aseguró la operación bancaria llevada adelante por Gramont y reclama desde agosto de 2015 US$ 95 millones al Paraguay.
Todo se originó porque Gramont falsificó documentos oficiales y obtuvo dos empréstitos del banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) para instalar en Paraguay dos plantas industriales en La Colmena, departamento de Paraguarí, que nunca se concretaron (1986 y 1987).
Antes de desaparecer del sistema financiero, el Overland le vendió los títulos de la deuda a un sindicato de diez bancos internacionales. Tras la caída de Stroessner en febrero de 1989 los bancos reclamaron al Paraguay el pago de la primera cuota. Desde ese entonces, los sucesivos gobiernos paraguayos se negaron a pagar porque consideraron que la deuda es fraudulenta.
Tras la caída de Stroessner, Gramont fue condenado en nuestro país y luego extraditado a Suiza, en tanto que sus cómplices –ejecutivos de la Sace– fueron condenados por la justicia italiana por delitos financieros.