Frente al Palacio de Justicia, familiares y simpatizantes de los acusados se han encadenado en la Plaza de la Justicia, donde desde el viernes realizan una vigilia con el acompañamiento de más de un centenar de personas, entre ellas varios religiosos que abogan por la absolución de los acusados.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Nelson Ruiz, Leonardi Guerrero y Liliana Alcaraz, solicitó una pena de 30 años de cárcel y 10 años de medida de seguridad para Rubén Villalba por homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación ilícita.
Para Luis Olmedo la Fiscalía pidió una condena de 25 años de cárcel, y de 20 años de reclusión para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, por homicidio y demás delitos acusados.
Para Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López, el Ministerio Público solicitó 8 años de cárcel, como cómplices de homicidio doloso, al prestarse a ponerse en primera línea con niños y ancianos, para aparentar tranquilidad ante los agentes que llegaron para realizar el desalojo de Campos Morombí, el 15 de junio del 2012.
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Para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería pidieron penas de 5 años de cárcel por invasión de inmueble ajeno.
La Fiscalía sostiene que los ahora acusados, bajo el liderazgo de Villalba, emboscaron a los policías que pretendían realizar el desalojo de forma pacífica, con el trágico resultado ya conocido.
“Rubén Villalba actuó con la decisión de matar”, afirmó la fiscala Liliana Alcaraz, quien sostuvo que uno de los tres tiros que causaron la muerte del subcomisario Erven Lovera, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), fue disparado por una escopeta que portaba Villalba.
La defensa, que pidió absolución para todos, sostiene que la acusación es un “montaje” de la Fiscalía y cuestiona la falta de investigación a la muerte de los campesinos.
“Pedimos su libertad porque son inocentes”, afirmó Elvira Benítez, madre de los hermanos Néstor, Adalberto y Adolfo Castro (fallecido en el enfrentamiento), quien dijo que en caso de condena, “el pueblo se va a mover y vamos a seguir acá”.
“La Fiscalía no ha logrado demostrar de ningún modo ni con ningún tipo de prueba la culpabilidad de los campesinos. Ellos son inocentes”, alegó el sacerdote Néstor Ledesma, quien acompaña a los familiares.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, durante un desalojo en Campos Morombí que debió ser pacífico pero concluyó con un saldo de 17 muertos (seis policías y once campesinos). El luctuoso suceso desencadenó en el juicio político y la destitución del entonces presidente de la República Fernando Lugo.
Dificultoso inicio
Este juicio se inició el 27 de julio del 2015, pero cambio de defensores, recusaciones e incidentes varios postergaron la audiencia en trece ocasiones.
El 13 de noviembre, luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera un sumario para determinar los motivos de la dilación, se dio inicio a la presentación de los primeros incidentes.