El 4 diciembre del 2013, fue la primera vez que el diputado José María Ibáñez se dirigió a la ciudadanía para pedir disculpas reconociendo la estafa que cometió en la contratación de los llamados “caseros de oro”. Los mismos aparecieron como “auxiliares administrativos” de la Cámara Baja desde el 12 de agosto del 2013.
Antes de eso, intentó varias veces mentir a la misma ciudadanía, como el 29 de noviembre del 2013, resaltando que los tres eran sus “asistentes” porque eran brillantes. Ese día este diario publicó que Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, todos ellos figuraban como “contratados” en Diputados con un salario de G. 2.500.000, pero en ese momento prestaban servicio en la lujosa quinta en Areguá, según se corroboró in situ. La entonces jefa de Gabinete de Ibáñez, María Gutiérrez Ávalos, se encargaba de “blanquear” la planilla de los caseros y la esposa del legislador Lorena Plabst de efectivizar el sueldo. Poco después, los mismos caseros confesaron que no cobraban la totalidad del salario que aparecía en Diputados, lo que dirigió la investigación a confirmar poco tiempo después que el legislador y su esposa se quedaban con la mayor parte del dinero.
Las evidencias a las cuales accedió la justicia fueron echando por tierra todos los intentos que hacía Ibáñez de convencer que la estafa que estaba cometiendo contra el Estado era “un acto de humanidad, de solidaridad con el ser humano, un acto de compromiso”.
Pero como todos los documentos la Fiscalía tenía en su contra, no le quedó de otra que aceptar su culpa, empezar a chicanear y soportar que en la Cámara de Diputados, sus propios colegas le recordarán la estafa en medio de debates.
En la Resolución N° 469 del 6 de julio de este año, se dejó constancia de que el diputado y su esposa “aceptan los hechos que se les atribuyen a efectos de viabilizar la salida alternativa”, confesando “la comisión del hecho punible” ante el Juzgado, sin embargo, ese mismo documento los blanqueó, dejándolos sin antecedentes, con la condición de donar un generador eléctrico y tras devolver el dinero estafado al Estado.