Desde el 25 de abril, el proceso por prevaricato que deben enfrentar el ministro Sindulfo Blanco y el exmiembro de Corte Víctor Núñez, se encuentra sin juez, ante la cadena de inhibiciones e impugnaciones que plantearon los magistrados.
El expediente se encuentra actualmente en la Corte, que debe analizar la impugnación del camarista Emiliano Rolón, contra la inhibición de su colega José Waldir Servín, quien se excusó de atender el caso porque es amigo de Núñez, incluso antes de ejercer ambos la magistratura, según dijo.
Al llegar a la máxima instancia se excusaron los ministros de la Sala Penal, Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera.
Igualmente no aceptaron atender el caso los miembros de la Sala Constitucional Miryam Peña y Antonio Fretes. La ministra Gladys Bareiro, quien se encuentra de permiso por enfermedad, es seguro que tampoco acepte la causa.
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Ahora el expediente pasó a la Sala Civil, en donde el ministro José Raúl Torres Kirmser, debe decidir si analiza o no la causa. También son integrantes de la referida Sala, Miguel Óscar Bajac y César Garay.
La Cámara de Apelaciones ya tiene a dos miembros, los camaristas Cristóbal Sánchez (3ª Sala) y Arnulfo Arias (4ª Sala). El tercer miembro (Rolón o Servín) será designado por la Sala Penal, una vez que la Corte se integre y resuelva la impugnación de la inhibición.
A su vez, una vez integrada la Cámara, debe resolver la impugnación del juez penal de garantías Hugo Antonio Sosa Pasmor contra la inhibición de su colega Gustavo Amarilla, quien se apartó del proceso porque intervino en la causa “Peter David Kennedy s/ apropiación, abigeato y lesión de confianza”, que luego originó la imputación por prevaricato.
Blanco y Núñez fueron imputados porque admitieron un recurso de casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones, que anuló un juicio oral en que Peter Kennedy fue condenado a seis años de cárcel.
Los imputados violaron la ley, según el Ministerio Público, al admitir la casación contra una decisión que ordena el reenvío de un caso para nuevo juicio oral, ya que la resolución atacada ante la Corte no pone fin al conflicto, como exige nuestra disposición legal.