Imputación por prevaricato al ministro Blanco, sin juez

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El juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor impugnó la inhibición de su colega Gustavo Amarilla, quien se apartó del proceso por prevaricato al ministro de la Corte Sindulfo Blanco y al exministro Víctor Núñez. La Cámara resolverá qué magistrado atenderá el caso que nadie quiere llevar adelante.

La Cámara de Apelaciones decidirá qué juez atenderá el proceso por prevaricato que enfrentarán Blanco y Núñez.

La semana pasada, el juez Amarilla se inhibió de la imputación por prevaricato, porque intervino en la causa “Peter Kennedy s/apropiación, abigeato y lesión de confianza”, que derivó finalmente en el proceso abierto por la fiscalía.

Amarilla manifestó que en la causa a Kennedy, resolvió incidentes como el de prescripción, que luego fue analizado en la Corte y que además decidió la elevación de la causa a juicio oral.

Por su parte, el juez Sosa Pasmor argumentó en su impugnación contra la inhibición de Amarilla, que su colega solo intervino hasta la elevación del proceso a juicio oral. Añadió que la imputación por prevaricato ya es otro proceso independiente del caso “Kennedy”.

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Sosa Pasmor también cuestionó que Amarilla no haya cancelado la intervención del fiscal José Dos Santos si considera que es su amigo de toda la vida, con quien comparte jornadas deportivas en el Club Centenario. El caso no iba a quedar sin fiscal, ya que también intervienen en el proceso los agentes René Fernández y Luis Piñánez.

Sosa Pasmor solicita a la Cámara que revoque la excusación de Amarilla para atender el caso.

A pesar de que el Jurado de Enjuiciamiento resolvió en plenaria solicitar los antecedentes de la causa a la Fiscalía, el oficio todavía no fue remitido.

La imputación a Blanco y Núñez se presentó el 25 de abril, y el caso sigue sin juez. Se presagia una cadena de inhibiciones, porque ningún magistrado quiere procesar a un ministro de la Corte.

La Fiscalía imputó a Blanco y a Núñez, porque admitieron un recurso extraordinario de casación contra una resolución de la Cámara, que ordenó que el proceso a Kennedy sea juzgado en un nuevo juicio oral y público.

Los imputados habrían actuado en violación a la ley, atendiendo que la casación solo puede ser admitida contra una decisión que ponga fin a un conflicto. En el caso Kenney, lo que hizo la Cámara fue anular el primer juicio oral y dispuso que se haga otra audiencia pública. No finalizó el pleito.