CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La fiscala Gloria Gamarra imputó por el hecho punible de perturbación de los servicios públicos a los funcionarios Aldo Rojas, secretario general de la Municipalidad de Tobatí; y a los policías municipales José Reyes, Gustavo Castillo y Javier Saldívar.
Los funcionarios fueron denunciados por el exsenador de Honor Colorado (HC), Julio “Pichín” Quiñónez, luego de que interceptarán sus colectivos en la vía pública el 2 de agosto pasado, con el objetivo de hacer cumplir la Resolución Nº 599/2018, que inhabilitaba la empresa de transporte Villa Serrana, por evasión fiscal. Teniendo en cuenta que desde la instalación de la empresa, hace más de 21 años, jamás pagó la patente comercial correspondiente.
La fiscala imputó rápidamente a los funcionarios con base en informes de la comuna y de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), sin que los mismos fueran llamados a declarar.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la caución real de G. 10 millones cada uno y la obligatoriedad de no cambiar de domicilio, entre otros. Los funcionarios se exponen a penas de hasta cinco años o multa.
Quiñónez también denunció al intendente Dan González (PLRA) por los delitos de lesión de confianza, administración y enriquecimiento en la gestión pública en beneficio propio y exacción por cobrar o intentar cobrar impuestos que no corresponden a criterio del exsenador.
El intendente Dan González dijo sentirse sorprendido por la imputación fiscal. “Es una locura que funcionarios de la comuna sean procesados por intentar hacer cumplir una resolución comunal, es decir por el simple hecho de hacer su trabajo”, expresó.
Persona no grata
La Junta Municipal de Tobatí declaró a “Pichín” Quiñónez persona no grata, a través de la Resolución 158/2018. La minuta lo presentó la concejala Ana Zárate Cabriza en sesión ordinaria de este lunes último y fue aprobada por unanimidad.