Fernández estableció que Carballo concurra el lunes 5 de noviembre, a las 9:00, para ejercer su defensa en su nueva causa por presunto cobro indebido de honorarios.
El agente fiscal, a su vez, pidió todos los registros de marcaciones del “mecánico” al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Diputados, para establecer el tiempo en que habría cobrado sin trabajar.
Según los datos, el 18 de junio del 2013 Miguel Ángel Carballo fue nombrado como asesor en la Cámara de Diputados –entonces presidida por Víctor Bogado– con un salario de G. 10.300.000. El 27 de octubre del 2016, el “mecánico de oro” fue comisionado al Ministerio de Justicia.
Ese comisionamiento feneció el 21 de marzo de este año, por lo que desde abril debía presentarse a trabajar en la Cámara Baja, pero no lo hizo.
Carballo finalmente habría cobrado irregularmente unos G. 82.400.000 en siete meses, porque recién el 10 de setiembre de este año presentó renuncia.
El fiscal Fernández pidió los registros de marcación desde octubre de 2016 a agosto de este año.
La causa que se inició a raíz de una denuncia de asesores jurídicos de la Cámara de Diputados, abogados Luis Cáceres y Shirley Palau. Fue por disposición del titular de Diputados, Miguel Cuevas (Añetete).
Según la denuncia, Carballo habría cometido los delitos de cobro indebido de honorarios (Art. 313 del Código Penal) y, según lo que dispone la Ley N° 700/96 “Que reglamenta el Art. 105 de la Constitución Nacional que dispone la prohibición de la doble remuneración”.
Esta última normativa establece que el condenado debe devolver todo lo percibido de forma irregular en concepto de remuneración, y prevé también la inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a cinco años. Carballo ya admitió un planillerismo en el pasado, pero zafó su proceso con una suspensión condicional del procedimiento, con la devolución de G. 100 millones y donaciones de G. 2.500.000 mensuales durante dos años.
A su vez, el “mecánico de oro” afronta otro proceso por enriquecimiento ilícito que ya fue elevado a juicio oral y público. No puede justificar millonarios bienes.