Indert desembolsó más de G. 4.200 millones por tierras embargadas

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desembolsó más de G. 4.200 millones por 426 hectáreas de terreno en Alto Verá (Itapúa), pese a que el inmueble soportaba embargos y medida cautelar de prohibición de contratar. Dos años después la propiedad aún no está a nombre del Indert justamente debido a dichas restricciones, que según el expediente fueron debidamente informadas en su momento al presidente del ente, Justo Cárdenas.

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Nuevamente Cárdenas es salpicado por un “negocio” de tierras, que incluye desacato de medidas judiciales, aparente lesión de confianza, pone en riesgo el patrimonio del Estado y además deja en zozobra a todo un asentamiento de compatriotas que viven desde hace décadas en la propiedad de referencia. Se trata de la finca N° 2857 inscripta hasta hoy en los Registros Públicos a nombre de la señora Lilia Oddone Vda. de Céspedes; fue expropiada por Ley 3968 del año 2010 y valuada en G. 5.350 millones.

Pese al embargo y a una medida cautelar de prohibición de contratar inscripta en Registros, se realizó en diciembre de 2013 la escritura pública de transferencia a favor del Indert. El documento fue firmado por Cárdenas en representación del ente y por la abogada Mariela Rivarola, apoderada de la señora Oddone, quien hoy tiene 99 años.

Llamativamente, en la escritura pública consignaron falsamente que el inmueble se encontraba “libre de toda restricción de dominio”, pese a que la vigencia de la medida judicial fue notificada en el año 2012 a Registros Públicos e incluso también al Indert, cuyos administradores, incluyendo el actual presidente, fueron advertidos mediante varias notas en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, en febrero de 2014, tras el falseamiento del estado de las condiciones de dominio, Cárdenas pagó a la apoderada de la señora Oddone la suma de G. 2.674 millones, que es el 50% del valor total establecido.

Nuevamente, aquí los administradores del instituto incurrieron en desacato de otra orden judicial, que establecía “la indisponibilidad del 30% del monto de la indemnización que debe pagar el Indert a la señora Oddone”. Según esa orden, notificada en 2012 (ver facsímil), se debía retener el 30% de dicha suma, equivalente a G. 1.604 millones para luego entregarlos al abogado Rubén Paredes Escobar por regulación de honorario, ya que el profesional había llegado a un acuerdo con la señora Oddone sobre esta forma de pago en otro juicio sobre la finca 2857, que en el pasado estuvo a punto de ser rematada y que se logró evitar con la intervención de Paredes.

De este modo, el presidente del Indert simplemente ignoró la orden judicial sobre el pago del 30% a Paredes y abonó a la abogada Rivarola, quien fue relacionada con la mafia de los narcos en publicaciones periodísticas. En la casa de Rivarola fue recapturado, por ejemplo, el narco Damián Sanabria Delvalle en el año 2013; según los datos, de esto también fue advertido Cárdenas, pero aún así él siguió adelante con el desembolso, con sospechoso e inusitado apuro.

Posteriormente, el ente agrario llegó a depositar los G. 1.604 millones, pero maniobras judiciales impiden hasta hoy que los retire el abogado Paredes, quien tuvo que recurrir a la Unidad Penal del Ministerio Público para denunciar desacato, producción de documentos públicos de contenido falso y lesión de confianza.

De este modo, el Indert llegó a desembolsar a la fecha más de G. 4.200 millones y quedarían pendientes de pago cerca de G. 1.150 millones. Nuestro diario desconoce si se le llegó a dar al menos una parte del dinero a doña Oddone o todo quedó con su apoderada. Datos no oficiales que trascendieron del ente indican que parte de la indemnización habría quedado en los bolsillos de los administradores públicos.

Quisimos tener la versión de Cárdenas sobre este caso, pero no nos recibió en su oficina el viernes último. Tampoco respondió nuestros mensajes enviados a su celular con terminación 211.

gbenitez@abc.com.py

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