Indicios de enriquecimiento, tráfico y sometimiento obligan a renovar

A esto se suman las sospechas de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia sobre algunos de sus miembros. Igualmente, la mayoría de los integrantes del alto tribunal evidencian un claro sometimiento al poder político.La honorabilidad de casi todos los ministros está en duda. Es decir, la mayoría de los ministros de la Corte no estarían cumpliendo con el requisito esencial (reconocida honorabilidad) establecido en la Constitución.

Sobre algunos, incluso, pesan sospechas de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencia. Es decir, estarían cometiendo hechos punibles.

Víctor Núñez es uno de los ministros más cuestionados. El magistrado es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por el fiscal René Fernández.   

Núñez es dueño de Animex SA, que ya invirtió más de 1 millón de dólares en la compra de inmuebles, casas y dúplex. Su esposa, María Julia Albertini, y su hija, Cathia son directoras y accionistas de la firma, que fue creada poco después de que Núñez fue designado en el alto tribunal de la República.   

La SA incluso compró un campo de 800 hectáreas en Villa Oliva, departamento de Ñeembucú, por más de G. 1.300 millones. En este inmueble incluso se realizaron varias mejoras y se prepara para una estancia.   

Diosnel Mujica Gauto, supuesto testaferro de Núñez, compró de la quiebra de Bancopar un inmueble de 4.000 hectáreas por G. 1.800 millones. La propiedad ya fue adquirida por el IBR de una ganadera por más de G. 7.000 millones.   

Mujica Gauto, que es síndico de Animex, promovió una demanda judicial y consiguió que el juez Silvino Delvalle ordene al Registro Público que anule la inscripción del inmueble a nombre del Indert.   

El fallo lo confirmó un Tribunal de Apelaciones.   

Ante esta situación, el Indert y la Procuraduría accionaron ante la Corte.   

Con una llamativa celeridad, los ministros Sindulfo Blanco (preopinante), Alicia Pucheta y Oscar Bajac rechazaron "in limine" la acción, pese a que estaban en juego intereses del Estado.   

Según fuentes, el mismo Núñez actuó de "gestor".   

Este despojo al Estado ya es causal para enjuiciar a Núñez y a los ministros que le favorecieron.   

Blanco también es muy cuestionado por su injerencia en varios casos, sobre todo en los de Alto Paraná, en donde es superintendente junto con Núñez.   

Según fuentes, Blanco interviene en los casos a través de su hijo Rodrigo, quien ya fue investigado por el fiscal Francisco De Vargas en un hecho de venta de sentencia.   

Bajac fue denunciado por tráfico de influencia por el fiscal Arnaldo Giuzzio. Sin embargo, el pedido de juicio político se "archivó" en la Cámara de Diputados.   

Pucheta es una incondicional del ex presidente Duarte Frutos, y los fallos que firmó a favor del ex mandatario justifican plenamente su destitución.   

Raúl Torres Kirmser se somete a los intereses políticos. Es un "títere" de Juan Carlos Galaverna, según fuentes judiciales.   

Junto a Blanco allanó el camino para que Gustavo Stroessner Mora consiga su "blanqueo" pese a estar prófugo de la justicia hace más de 20 años.

Los otros dos integrantes de la Corte (que actualmente cuenta solo con siete miembros) son Antonio Fretes y César Garay, quienes también son objeto de críticas como integrantes del colegiado.

Fallos contradictorios

- Los ministros también son muy cuestionados porque fallan según la "cara del cliente". Es decir que aplican la ley en forma arbitraria. En consecuencia, atentan contra la seguridad jurídica, que es esencial para el crecimiento económico de un país. Sin ella, no habrá inversiones.

- El cobro de 5.000 dólares para el rechazo o la admisión de acciones de inconstitucionalidad, salpica hasta a algunos ministros.

- Las sentencias en contra del interés público, priorizando el interés de los particulares, también genera sospechas de coima en la máxima instancia judicial de la República.

Propuesta base es de 2008

La propuesta que están manejando los líderes partidarios  y el Poder Ejecutivo es un proyecto presentado hace dos años por el Ministerio de Justicia y Trabajo, conjuntamente con el Centro de Estudios Judiciales.

Según el texto al que accedimos ayer,  las reformas apuntan principalmente al sistema de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. En la presentación del proyecto se  lee que "en el modelo vigente Código de Organización Judicial, las funciones se encuentran confundidas, superpuestas y concentradas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".

Esta situación, según el proyecto, entorpece la labor judicial generando distorsiones y sospechas sobre el Poder Judicial y el servicio de administración de justicia.

Por ejemplo, dicen los proyectistas, esta situación "devalúa la función de superintendencia que le asigna la Constitución a la CSJ, convirtiendo al máximo tribunal de justicia de la nación en un órgano ocupado en cuestiones administrativas rutinarias, de mera ejecución y las más de las veces aisladas y contrapuestas a sus propias políticas institucionales".

En base a esta observación, el proyecto busca clarificar las funciones partiendo de la propia sistemática normativa, y en este sentido divide el código en tres grandes partes; la primera que se ocupa de la organización jurisdiccional en sentido estricto; la segunda que se ocupa del gobierno judicial, y la tercera que se ocupa de la organización administrativa.   

Proponen además redefinir  las funciones de gobierno, reestableciendo su principal misión que es preservar la independencia judicial, establece claramente los órganos de gobierno prestando especial atención a su legitimidad en procura también de una verdadera democratización del Poder Judicial.

Entre ellos se declararon  inamovibles en el cargo

Los ministros Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa, Oscar Bajac, César Garay y José Altamirano (dejó el cargo) habían reconocido ante el Senado que sus mandatos tienen una duración de cinco años. Sin embargo, una vez en la Corte Suprema se declararon inamovibles.

Altamirano fue el único que se retiró cuando no fue confirmado por el Senado.

Todos los ministros se mantienen en el cargo mediante resoluciones que firmaron ellos mismos.

Las resoluciones y fallos que declaran la inamovilidad de los ministros (siendo parte interesada intervinieron en los casos) son causales para removerlos de la Corte.

Estos ministros prometieron ante el Senado que iban a revocar el fallo por el cual se había declarado inamovible la Corte anterior. Esta sentencia se usó incluso para acusar a aquellos que fueron removidos por juicio político por el Parlamento.

Todos prometieron combatir la morosidad, que hasta ahora sigue siendo uno de los graves problemas del Poder Judicial, además de la feroz corrupción.

Son los propios ministros los que protegen a criticados magistrados. Un claro ejemplo es el de la jueza Nilse Ortiz, quien gozaría del amparo de Sindulfo Blanco y Víctor Núñez.

Ortiz está procesada por plagiar su libro y pese a ello continúa en el cargo.

La magistrada además goza del "padrinazgo" del titular del Jurado de Enjuiciamiento, Enrique Bacchetta.

Se pueden ir enumerando causales para el juicio.