Tanto jueces como fiscales buscan hacer prevalecer sus posiciones.
Los magistrados aseguran que Blanco no puede ser procesado, en este caso por prevaricato, porque la resolución judicial que es cuestionada por la Fiscalía es parte de la opinión del juez.
Los fiscales, por su parte, aseguran que el delito de prevaricato, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel, les faculta imputar cuando encuentren indicios de existencia de fallos que violen las leyes.
Existe un vacío legal porque la normativa no prevé qué órgano será el encargado de desaforar a un ministro de Corte que es procesado.
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Según René Fernández, quien imputó a Blanco con sus colegas Luis Piñánez y José dos Santos, la postura de Fiscalía es que el ministro cuenta con inmunidad de opinión y de detención.
Para los fiscales, el desafuero tiene un mismo trámite de un juicio político, por lo que el Congreso debe sacar la inmunidad.
En el Parlamento, el senador liberal Luis Wagner calificó ayer de “gavilla de terroristas” al Ministerio Público y sus fiscales por la imputación de Blanco, mientras que el senador Eduardo Petta (PEN), exfiscal, salió en defensa al señalar que los agentes se juegan la vida en su lucha contra el crimen.
Según Wagner, la Fiscalía violó garantías constitucionales que protegen a los altos magistrados por orden directa del presidente de la República, Horacio Cartes. A su vez, acusó al Mandatario de utilizar este organismo para “reventar” a todo el que no sea de su agrado.
Sobre el punto, el fiscal general interino Federico Espinoza rechazó que se trate de una “vendetta política”.
Se inhibe juez
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla se inhibió ayer de entender la causa del ministro Blanco.
Alegó que es el juez del proceso por apropiación, causa en la que en la Corte, intervino Blanco junto al entonces ministro Víctor Núñez y por la que fueron imputados.
Según Fiscalía, ambos cometieron prevaricato como miembros de la Sala Penal, al admitir en forma ilegal un recurso de casación planteado ante el alto tribunal.
El juez sorteado para atender la imputación de fiscalía es Hugo Sosa Pasmor, que definiría hoy si acepta intervenir.
Hay fuertes indicios de que ningún juez osará procesar a un superior. Al respecto, el fiscal Piñánez dijo que la ciudadanía “debe conocer quiénes dejan impune el caso”. El fiscal Espinoza agregó que el Jurado de Enjuiciamiento debe tomar medidas si los jueces se apartan sin causa.