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Romero Roa dijo que el objetivo de la comisión es evaluar todo el proceso de ejecución del programa de reconversión del centro y del transporte público metropolitano y oficinas del gobierno, proyecto Metrobús. Según definieron ayer, se reunirán una vez por semana, los días miércoles, a las 16:00.
Asimismo, dijo que esperan escuchar de parte del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, a quien citarán en algún momento, qué se hará finalmente, ya que hasta ahora no definieron si se dejará sin efecto el proyecto.
Otros puntos que desean plantear es la cuestión de la rescisión del contrato, los motivos técnicos y legales que llevaron a esa decisión y el efecto que puede tener con una posible demanda y eventual indemnización a la empresa contratista.
Romero Roa mencionó también que consultará acerca de la disponibilidad que existe aún del dinero del préstamo, ya que se habla de unos US$ 100 millones.
Puntualizó que también pedirán precisiones sobre el dinero que se gastó en todo el proceso previo y no solamente en la obra inconclusa, ya que hubo asesorías, consultorías y fiscalizaciones.
Apuntó que la ventaja que tiene la comisión es que entre sus integrantes está el diputado liberal Édgar Acosta, que cuenta con información y análisis sobre el proyecto dado, ya que fue presidente de la comisión de cuentas y control que se ocupó del tema.
También integra la comisión el senador liberal Amado Florentín, quien integró una comisión de trabajo de la comisión bicameral de presupuesto que realizó un informe sobre el tema que luego se remitió a la comisión de obras públicas y cuya copia la comisión bicameral solicitará ahora.
Respecto a la posibilidad de que se encuentren con hechos de corrupción durante la etapa de investigación que inician ahora, Romero Roa dijo que aún no definieron cómo manejarán la situación. No obstante, puntualizó que, como comisión del Congreso, cualquier hecho que constaten comunicarán al Ministerio Público.
Por otro lado, indicó que la comisión tendrá una vigencia de 60 días prorrogables y que darán un informe final a las cámaras.
En manos de los magistrados
La Comisión Nacional para la reforma del sistema penal y penitenciaria, que preside la diputada Rocío Vallejos (PQ) concluyó ayer sus reuniones, con la presencia del presidente de la Corte Eugenio Jiménez y la fiscala general Sandra Quiñónez. La diputada Vallejos dijo que hay consenso para volver a la redacción original del artículo 245, pero que la aplicación o no de la prisión preventiva siempre quedará en manos de los jueces.