El diputado colorado Óscar Tuma solicitó en la plenaria de ayer de la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de declaración para dejar sin efecto una resolución del Ministerio Público del 21 de diciembre del año pasado que rechaza la realización de una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado a la ejecución presupuestaria de la institución.
El parlamentario alegó que existe la necesidad de cumplir con los lineamientos que actualmente impone el Gobierno Nacional para lograr la transparencia en la administración pública y el buen manejo de los fondos del Estado, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública.
Además, argumenta que el Ministerio Público se escuda desde hace años con una acción de inconstitucionalidad que no permite que la Contraloría fiscalice y audite la institución.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, hasta el día de hoy es cómplice de la falta de transparencia en la institución al firmar la resolución el año pasado que impide que el ente contralor examine el presupuesto de la institución, añadió el legislador. Incluso, afirma que incumple con la Constitución Nacional al “ocultar de manera cobarde y al no querer rendir cuentas a la ciudadanía”.
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“Somos nosotros los que tenemos la herramienta para corregir los errores de la fiscalía y mandar un mensaje claro”, señaló el legislador en alusión a iniciar el juicio político al fiscal general Díaz Verón por no permitir la auditoría en el ente a su cargo.
La propuesta fue aprobada por mayoría de la Comisión.