La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer que de los 254 municipios, 19 administraciones todavía no rinden cuentas de las millonarias transferencias de royalties que reciben de la Itaipú.
Dentro de este grupo, 14 administraciones tampoco rinden la plata del Fonacide, –un fondo similar– que los municipios recibieron durante el periodo correspondiente al segundo cuatrimestre del 2018 (ver la infografía).
La ciudad en situación irregular que recibió más dinero y no hizo rendición alguna es Encarnación (Itapúa), cuyo intendente es Luis Yd (PPQ). Esta comuna recibió de enero a setiembre de 2018 un total G. 15.680 millones por Fonacide y Royalties. Nicolás Arregui, director general de Rendición en la CGR, dijo que el jefe municipal pidió una “prórroga” por el incendio en la sede municipal el 25 de marzo último, hace siete meses.
Rechazada
Sin embargo, Areguá, capital del departamento Central, cuyo intendente es Humberto Torres (ANR), recibió G. 4.318 millones este año y su última rendición fue totalmente rechazada tanto en Fonacide como en Royalties debido a la falta de documentos fundamentales.
En la lista de intendencias en situación irregular también aparecen Alberdi, cuyo intendente Ramón Centurión (ANR) recibió este año G. 3.169 millones y no rindió cuentas de ningún rubro. Centurión enfrenta un pedido de intervención a ser tratado en Diputados.
La ciudad Gral. Francisco Caballero (Canindeyú), ex Puente Kyjhá y cuyo intendente es Néstor Araújo Gómez (ANR, cartista) recibió este año G. 3.438 millones y su última rendición fue presentada fuera del plazo. También un pedido de intervención.
¿Blanqueo?
Otras intendencias con pedidos de intervención no aparecen en la lista como Ciudad del Este, La Colmena, Limpio, Santa Rosa del Aguaray, entre otros.
En la Contraloría dijeron que el incumplimiento del trámite no es delito, pero el castigo consiste en no remitirle más fondos. Si la primera auditoría revela hechos punibles, el contralor Enrique García (imputado y con pedido de juicio político) debe ordenar una auditoría forense y denunciar en Fiscalía.