PIRIBEBUY, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El intendente Manuel Gini (PLRA) convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer la situación crítica en la que encontró la Comuna local tras recibir la administración de manos del colorado Cayo González.
Su antecesor estuvo como intendente durante dos periodos consecutivos, después de la gestión de su hermano, el actual diputado Víctor Luis González.
La Contraloría General de la República detectó sobrefacturaciones de obras realizadas en instituciones educativas de la zona durante la gestión del “clan González”, del cual también forma parte el exministro de Defensa nacional del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, Roberto González.
La “herencia” de Cayo incluye una deuda de G. 465.597.508 a proveedores, empresas de construcción y dietas atrasadas a concejales municipales. El actual intendente Gini manifestó que también se tiene una deuda de aproximadamente G. 150 millones por combustibles, de los cuales solo G. 35 millones cuentan con órdenes de pago.
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A estos problemas se le suma la falta de desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda, en lo que respecta a recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) y royalties. Esto obedece a que las rendiciones fueron rechazadas por diferentes motivos como problemas de documentación y objeciones en obras realizadas.
Fonacide bloqueado
En el informe presentado durante la reunión el jefe comunal señaló que los recursos de Fonacide dejaron de ser transferidos desde junio del 2015, luego de que la Contraloría General de la República detectó una sobrefacturación y pago por obras no realizadas por G. 132 millones en instituciones educativas de la comunidad. El ente de control realizó una verificación in situ de las obras realizadas en el ejercicio fiscal 2013 y primer semestre del 2014.
El municipio adjudicó obras con precios unitarios no acordes a los precios de mercado y sin contar con el análisis de precios de estos rubros. La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas no fue realizada en forma eficiente y eficaz, permitiendo la recepción definitiva de obras que se encontraban con varias deficiencias, además permitió el pago por obras ejecutadas en menor cantidad que las contratadas.
Catorce verificaciones
Catorce son las instituciones verificadas. El costo total de las obras es de G. 1.028 millones. Las empresas constructoras adjudicadas por concurso de ofertas fueron: Grepsa SA, representada por Darío Rubén Báez y Nancy Acosta; Pegasus SA, por Daniel Enrique López Aranda; y CSC Estudios Unipersonal, por Cándido Sanguina; además del Consorcio Pegasus-Emcopat por Carlos Ariel Castro Céspedes, entre otros.
Estas firmas deben devolver el monto determinado por la Contraloría.
Devuelven dinero
El intendente de Piribebuy, Manuel Gini (PLRA), informó que las firmas cuestionadas ya fueron notificadas y se encuentran en proceso de devolución de los montos cobrados de más en concepto de obras no concluidas. Una vez subsanada esta observación, la Comuna podrá recibir nuevamente los desembolsos correspondientes a los recursos del Fonacide.