La normativa dice que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) delega el control del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes del Tránsito a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

El intendente de Benjamín Aceval, Óscar Duarte (PQ), explicó que las municipalidades de Loma Plata, Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Teniente Irala Fernández firmarían el pedido para solicitar la suspensión de este artículo.

Afirmó que los asesores jurídicos ultiman los detalles para hacer una única presentación ante la Corte Suprema de Justicia. El pedido principal será defender la autonomía de las comunas.

Indicó que la ley de tránsito impone a la organización para continuar con los cobros y dominio sobre un servicio que debería ser público.

A su turno, el intendente de Filadelfía, Holger Bergen (PQ), indicó que desde el 2011 no acceden a los balances de la oenegé a pesar de ser asociadas. Lamentó que no exista transparencia en los manejos de los millonarios recursos provenientes de los contribuyentes.

Reiteró que no están en contra de la creación de la Agencia Nacional de Tránsito como un ente regulador estatal de las licencias de conducir.

La Opaci está manejada por el clan Núñez, de Villa Hayes, integrado por los hermanos Basilio (asesor político del Presidente Cartes), Óscar (diputado) y Ricardo (reelegido como titular de la ONG). Los políticos convirtieron esta entidad no gubernamental en su principal botín. Ubicaron como funcionarios desde familiares, hurreros hasta parejas sentimentales.

La Opaci tiene como principal fuente de financiamiento el cobro de G. 20.000 a los contribuyentes por la expedición, renovación o anulación de registros de conducir. En 2015, la oenegé manejó unos G. 41.000 millones, según la ejecución presupuestaria.