La Cámara de Diputados aprobó esta semana una modificación a la Ley de Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos. El proyecto buscaba aumentar la transparencia y hacer de fácil acceso estos documentos de control para la ciudadanía, pero 57 legisladores aprobaron una versión en la que todo sigue siendo secreto y se necesita una sentencia para obtener copias. Entre los que votaron por la opacidad hay varios imputados.