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Investigan indemnización a víctimas puestas en duda

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó ayer la Defensoría del Pueblo, en busca de documentos sobre supuestas adjudicaciones de indemnización a personas que no habrían sido víctimas de la dictadura stronista.

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Los agentes fiscales Josefina Aghemo e Igor Cáceres Gallardo se presentaron ayer a la mañana en el local de la Defensoría del Pueblo (Ygatimí y O’Leary), a cumplir un allanamiento dictado por el juez penal de Garantías Nº 6 de Asunción, Paublino Escobar Garay, y la secretaria Luz Portillo. Es en la causa caratulada “Persona innominada s/ producción de documentos no auténticos y otros”.

Los agentes fiscales se interiorizaron de las resoluciones emitidas por la administración anterior, a cargo del entonces defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges. En esas disposiciones se habrían favorecido a personas que al parecer no fueron víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), pero que recibieron millonarias indemnizaciones del Estado paraguayo.

La denuncia sobre este caso data del año 2013 y recién ayer se dio cumplimiento al proceso de investigación judicial.

El juez dispuso la búsqueda e incautación de documentos administrativos: dictámenes, resoluciones, planillas y recibos de pagos entre otras documentaciones relacionadas a Emilio Blas Solabarrieta, Ramón Almada, Gerardo Yegros y Rubén Antonio Zárate Vera. Igualmente, el mandamiento de allanamiento requiere documentaciones relacionadas a las siguientes personas: Braulio Zárate, Nicolás Zárate, Agustín Saavedra, Lyliana Zárate, Pedro Cardozo, Carmelo Zárate, José C. Zárate, José D. Giménez, Dionisio Benítez, Sixto Benítez Da S., Darío Benítez Da S., Crispín Rodríguez, Francisco Fleitas, Sergio Benítez, Ilda Cabral, Wenceslao Álvarez, Luis M. Peralta, Elvira Benítez, Eugenio Zárate, Juan Simón Franco, Bernardo Brizuela, Carlos B. Ramírez, Cecilio Zárate, Damiana Galeano y Reimundo Aguilar. El Art. 1 de la Ley 3603/2008 establece que las personas de cualquier nacionalidad que durante el sistema dictatorial imperante en el país entre los años 1954 a 1989 hubieren sufrido violación de sus DD.HH., a la vida, la integridad personal o la libertad por parte de funcionarios, empleados o agentes del Estado, serán indemnizadas en los términos de la presente ley.

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