Ivesur pidió pasar por alto licitación y obtener contrato hasta el 2023

La firma verificadora de vehículos Ivesur pretendía que la Municipalidad de Asunción le otorgara una prórroga de contrato hasta el 2023, sin licitación. La Junta Municipal en el 2012 le favoreció pero la Intendencia recurrió al Tribunal de Cuentas y logró revocar la decisión. Ahora pide a Mario Ferreiro una indemnización de US$ 12 millones. En la demanda figura hasta cómo se van a repartir la plata.

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Una demanda planteada por Ivesur contra la Municipalidad de Asunción, por US$ 12 millones, y con un fuerte tufo a negociado, entra en su fase final en el Centro de Arbitraje y Mediación dependiente de la Cámara de Comercio del Paraguay.

La presentación data del 2012, pero en aquella ocasión pedían US$ 9.000.000. La Municipalidad, a cargo de Arnaldo Samaniego (ANR), bajo el patrocinio del abogado Julio Samaniego, calificó de extorsiva la demanda, y respondió que el pago no correspondía.

A inicios de febrero de este año, ya bajo la administración de Mario Ferreiro (PRF), Ivesur amplió sus pretensiones y elevó la suma reclamada de 9 a 12 millones de dólares.

En un documento agregado al expediente ya figura el reparto de “mitad y mitad” que se hará con el dinero despojado a la Municipalidad. El 50% será para Ivesur y el otro 50% para el abogado de la firma Juan Ernesto Villamayor. En caso de que la Municipalidad gane el pleito, Ivesur deberá pagar a su abogado el 50% de lo que le hubiera correspondido de ganar el juicio, o sea US$ 3 millones.

La ampliación de la demanda fue notificada a la Municipalidad de Asunción y en la institución, el abogado Julio Samaniego, quien por años litigó en el caso respondió calificando de extorsivas y de estafa procesal las pretensiones de la empresa mencionada.

Samaniego sospechosamente fue apartado del caso dos horas después de presentar su escrito y el caso quedó a cargo del director jurídico, el exprocurador del gobierno de Fernando Lugo, Enrique García.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron a nuestro diario que la Comuna accedería a abonar a Ivesur los 12 millones de dólares que reclama.

Esta versión fue desmentida tanto por el abogado García como por el intendente Mario Ferreiro.

Contrato hasta el 2023

La demanda de Ivesur tiene origen en su pretensión de apoderarse de manera directa del servicio de verificación de vehículos en Asunción hasta el 2023 sin pasar por una licitación.

Según los antecedentes, la empresa firmó contrato con la Municipalidad de Asunción durante la administración de Martín Burt (1996-2001), pero recién empezó a operar bajo el mandato de Evanhy de Gallegos (2005-2010), por lo que solo en 2008 comenzó a correr el plazo de contrato que era de 10 años, y que vence en el 2018.

Sin embargo ya en el 2012 Ivesur comenzó presionar a la Municipalidad para ampliar su acuerdo cinco años más luego del vencimiento del contrato. Con esto pretendía seguir ofreciendo servicios hasta el 2023.

En connivencia con la Junta Municipal logró la ampliación, pero la resolución fue rechazada por la Intendencia. La Junta se ratificó y el jefe comunal recurrió al Tribunal de Cuentas, donde logró revocar la resolución de los ediles.

Ante esta situación, Ivesur decidió recurrir al Centro de Arbitraje donde la causa está entrando en su etapa final.

“Hermana” de Proibérica

La empresa encargada de la realización de inspección técnica vehicular en Asunción, Ivesur, es parte de una multinacional que tendría como “empresa hermana” a Proibérica SA.

Los representantes de la firma son los mismos ciudadanos españoles Álvaro Lasso y Guillermo José Casado, procesados junto a Rafael Filizzola en el caso de compra sobrefacturada de helicópteros durante la administración de Fernando Lugo (2008-2012).

Según las investigaciones, la mencionada firma vendió al Gobierno helicópteros de la marca Bell proveniente de los Estados Unidos por un valor de G. 47.890.000.000, sin cumplir plenamente con los requisitos exigidos.

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