El jefe de Fuerzas Militares (FF.MM.), Luis Gonzaga Garcete, arregló “camarotes de comandantes, casinos, áreas recreativas, oficinas de su unidad” aprovechando el decreto del presidente Horacio Cartes y terminó despilfarrando G. 30.000 millones o US$ 5,5 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El máximo jefe militar aprovechó una autorización del Presidente para contratación directa y mandó reparar camarotes de comandantes, dormitorios de soldados, oficinas de su unidad, casinos, áreas recreativas, refaccionó la oficina y la habitación de su director de comunicaciones etc. La rifada fue en 2015.
Garcete convenció a Cartes para que le firme un decreto para construir “obras militares mayores”, por vía de la excepción, sin pasar por los controles rutinarios de Contrataciones Públicas.
Todos los contratos fueron firmados por Garcete que a partir de la firma del decreto centralizó las contrataciones en su unidad. De los G. 30.000 millones de Fonacide, adjudicó G. 24.700 millones por excepción.
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Mediante un dictamen de su jefe de compras, el comandante de FF.MM. justificó que son contrataciones que “no deben ser difundidas públicamente y deben mantenerse en reserva”, por seguridad. El informe señala construcciones en zonas aisladas, pero se concentraron en Capital.
En el dictamen que se le presentó al Presidente figura la construcción y reparación de edificios que afectan a polvorines, armerías, pero no se hizo ninguno de estos.
La mayoría de las adjudicaciones con Fonacide figuran con membrete general de escuelas militares. Sin embargo en los contratos no hay construcción de aulas, más bien refacciones de “privadas” donde cambiaron alfombras, placares, etc. La Ley de Fonacide habla de recursos para infraestructura y educación, pero el comandante no escatimó en disponer para algunas comodidades.
Según contratistas que están concursando en el MEC para hacer escuelas, con G. 30.000 millones se pueden construir 900 aulas. Por este caso y el escándalo de la generala Lucía Duarte de Garcete, la Coordinadora de Abogados denuncia hoy a la pareja ante la Fiscalía de Delitos Económicos.