La joven de la ciudad de San Juan Nepomuceno (Caazapá) relató que se percató del hecho cuando en diciembre del año pasado presentó su currículum para trabajar en el Hospital Distrital de dicha localidad. Desde el nosocomio le comunicaron que no la podían contratar porque su número de cédula figuraba en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (Sinarh) con el nombre de otra persona.
Arminda Almada figuró con el número de cédula (5.468.957) de la joven como funcionaria de la Justicia Electoral en el 2004, cuando Celia Andrea tenía apenas cuatro años de edad. Según los datos del Sinarh a los que pudo acceder la joven, Arminda Almada fue contratada en el 2004 por un periodo de cinco meses, en los cuales cobró en total G. 2.881.667.
La expedición de la primera cédula de Celia Andrea fue el 14 de marzo del 2006, dos años después de que otra persona de supuesto nombre Arminda Almada figurara en la Justicia Electoral con el mismo número de cédula, que tiempo después Identificaciones adjudicó a la joven.
El hecho evidencia quizás un esquema de corrupción de falseamiento de documentos, donde alguien percibió dinero público sin hacer constar el requisito mínimo para acceder a un cargo, que consiste en la fotocopia de la cédula de identidad.
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Celia Andrea se trasladó en varias oportunidades desde San Juan Nepomuceno hasta la capital del país para hallar una solución. El 21 de febrero pasado el coordinador de egresos, Jorge Delgado y Cristian Brítez del área de informes remitieron una nota a Marco Elizeche Almeida, director general del Tesoro Público para informarle del caso de la joven sin embargo, hasta la fecha no han dado respuestas.
El 23 de mayo pasado, Eliana Ynsfrán Vaesken, directora de Recursos Humanos de la Justicia Electoral, remitió una nota al viceministro de Administración Financiera de Hacienda, en la que alega que existió un “error involuntario” al registrar el número de cédula de Celia Andrea erróneamente al Sinarth y solicita su exclusión, porque no formó ni forma parte del plantel de funcionarios contratados ni permanentes de la institución.
La nota finaliza solicitando la exclusión de Celia Andrea en “salvaguarda del correcto orden funcional”.
La joven denunció el caso en una visita a la redacción acompañada de su madre Celia López.